Eliminar la Corrupción.

Gürtel y el caso Matas en la cúpula del PP; la operación Malaya y Ballena Blanca en la Costa del Sol; las ayudas de la Junta de Andalucía a la empresa Matsa en la que, casualmente, trabaja la hija del ex presidente autonómico Manuel Chaves; el piso de lujo que se ha comprado el hijo de Bono; la vergonzosa ocultación de bienes patrimoniales por parte de toda la clase política, sin excepción; la financiación ilegal del PSOE en la negra etapa de Filesa; la condonación de créditos multimillonarios a partidos políticos; el fichaje de políticos por parte de grandes empresas; la opacidad de las cajas de ahorros; los cientos de cargos municipales imputados y condenados por casos de corrupción urbanística... ¿Seguimos?

Es evidente que casi todo huele a podrido en las instituciones públicas que nos gobiernan, sancionan, multan y regulan hasta la saciedad. Y mientras el sector privado es vigilado con lupa para limitar su actividad en aras de un falso "bien común", todo un ejército de cargos públicos se llena los bolsillos, amasando auténticas fortunas, mediante el regular desarrollo de delitos económicos.

La corrupción política de alto rango, en la que están implicados senadores, diputados y cargos autonómicos, ha llenado las portadas de los periódicos en los últimos tiempos y todo indica que lo seguirá haciendo en los meses venideros. No obstante, y no por casualidad, la clase política se ha convertido en el segundo mayor problema del país por detrás de la crisis, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Y ante la obviedad, la tradicional hipocresía de los afectados. Lemas del estilo "no se puede generalizar", "la mayoría somos honrados" o "actuaremos con contundencia reformando nuestros códigos internos" han sido, una y otra vez, los mensajes reiterados a la opinión pública con la malvada esperanza de quitar hierro al asunto.

Pues no, señores. La corrupción nace con la política. Es un mal intrínseco de la actividad pública, algo natural y propio en el ejercicio del poder. Desde la antigua Roma y la mítica Atenas los cargos se vendían al mejor postor realizando toda clase de servicios ilegales a cambio de unas monedas. Nada ha cambiado.

Todos los casos citados anteriormente tienen un denominador común: el pago de dinero por parte de empresas o particulares a cambio de determinados favores cuya otorgación depende, única y exclusivamente, del sector público como, por ejemplo, la concesión de licencias urbanísticas, la apertura de negocios, la evasión de multas y sanciones o la firma de contratos por obras y servicios de toda índole, entre otros muchos.

¿Cómo combatirla? ¿Es posible erradicarla? Por extraño que parezca, la resolución de esta lacra, lejos de ser un tema político, pertenece por entero al ámbito económico. La respuesta positiva a tales preguntas tiene su explicación y origen en el grado de libertad económica de la que disfruta un país. Si a mayor Estado menor libertad, también se corrobora que a mayor Estado mayor corrupción política.

Según el Barómetro de Corrupción Global 2009, elaborado por Transparencia Internacional, "casi dos de cada cinco ejecutivos de empresas encuestados afirmaron que se les había solicitado pagar sobornos al realizar gestiones con instituciones públicas. La mitad estimó que la corrupción aumentaba en al menos un 10% el costo de los proyectos. Uno de cada cinco señaló haber perdido oportunidades comerciales como resultado del pago de sobornos por un competidor. Más de un tercio percibía que la corrupción se está agravando" a nivel mundial.

Se estima que tan sólo en los países en vías de desarrollo y en transición, los políticos y funcionarios gubernamentales corruptos reciben sobornos por un total de entre 20.000 y 40.000 millones de dólares al año, lo que equivale a aproximadamente entre el 20% y el 40% de la ayuda oficial para el desarrollo.

Ahora bien, dicho esto, cabe diferenciar entre unos países y otros. Y hete aquí cuando el cruce de datos confirma lo dicho: 15 de los 20 países menos corruptos del mundo en 2009 son, precisamente, los que gozan de una mayor libertad económica, según el índice que elaboran Heritage Foundation y Wall Street Journal. Nueva Zelanda, Dinamarca y Singapur cuentan con los políticos menos corruptos del planeta, al tiempo que se enmarcan entre las diez economías más libres. Por el contrario, los países más corruptos son también los menos libres económicamente. Sobre todo, países del Tercer Mundo y en vías de desarrollo.

España pasa del puesto 28 que ocupaba en 2008 al 32 en el ránking de corrupción, que incluye un total de 180 países, mientras que en el Índice de Libertad Económica pierde siete y desciende hasta el 36.

La corrupción tiene muy poco que ver con la bondad u honradez de las personas que ocupan cargos públicos, y casi todo con el grado de intervención económica que sufren los individuos y las empresas. Si los rusos y cubanos han sobrevivido durante décadas al puño comunista es gracias al mercado negro (ilegal) y al pago estructural de sobornos para evitar la cárcel. Es un mal endémico del sistema intervencionista.

La corrupción brilla por su ausencia en los mercado libres, con marcos regulatorios simples y favorables a la libertad, ya que, simplemente, no es necesario corromper al político de turno para desarrollar cualquier actividad legítima y acorde al derecho natural del ser humano. Así pues, ni se engañen ni se dejen engañar. Para combatir eficazmente la corrupción hay que liberalizar al máximo los mercados.

Link a la oticia anterior (aparece un poco recortada)

http://www.elmundo.es/2009/12/13/cronica/21496748.html

Violencia ....¿de género?

UN JUEZ ROMPE EL TABÚ DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

«Miles de hombres han sido detenidos por el hecho de serlo, tras una denuncia falsa por maltrato. ¿Cuántas mujeres ha sido detenidas por acusar en falso? Ninguna... A partir de 2007, el Gobierno dejó de divulgar cifras de hombres muertos por sus cónyuges» La denuncia del titular del Juzgado de Familia 7 de Sevilla, un hombre moderado con 20.000 sentencias. Esta ley, dice, estigmatiza a miles de hombres y es producto de la «dictadura» del «feminismo radical»

EDUARDO DEL CAMPO Es un tipo bonachón pero esta mañana se le ve muy indignado. Es una irritación que no oculta y que le dura ya cinco años: el tiempo que lleva en vigor la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin miedo al qué dirán, culpa de la «estigmatización» de miles de hombres detenidos en aplicación de la ley a la «dictadura» del «feminismo radical». O del «feminazismo». Lo dice desde el otro lado de la mesa de su despacho, donde destacan la foto de su mujer y sus dos hijas y unos dibujos infantiles en la pared. Se los han regalado los niños, rehenes a menudo de traumáticas separaciones, a los que atiende aquí. Quien habla con tanta contundencia contra la «injusticia» de esta ley, Francisco Serrano Castro, nacido hace 44 años en Madrid y criado desde los 11 en Sevilla, no es un marido machista, despechado y sin estudios que pasaba por la calle, sino el titular del Juzgado de Familia 7 de la capital andaluza. Un magistrado que en los 11 años que lleva ejerciendo [se estrenó antes de juez de primera instancia e instrucción en la onubense Valverde del Camino, en la misma sede que Garzón] ha dictado unos 20.000 autos y sentencias, y ha sido premiado por la asociación de asistencia a mujeres violadas Amuvi, o por la de Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni) por su defensa de maltratadas y menores. Pero Serrano -quien además preside la Asociación Multidisciplinar para la Investigación de Interferencias Parentales (Asemip), centrada en las manipulaciones que ejerce el progenitor (hombre o mujer, recalca) para poner a los hijos en contra del otro- dice que esa trayectoria no ha impedido que lo traten «como al juez loco» desde que ha decidido «dar la cara» y denunciar una realidad silenciada: que el Gobierno dejó de divulgar, a partir de 2007, las cifras de hombres muertos por agresiones de sus cónyuges. Aún más, Serrano sostiene que una parte de los 3.716 varones suicidados en 2006, frente a 2.753 mujeres, lo hicieron por efecto de la «discriminación de la Ley contra la Violencia de Género» (aprobada por unanimidad el 28 de diciembre de 2004 y que ahora el Gobierno se propone reformar). Otras fuentes dan la cifra exacta: 630 hombres se quitaron la vida cuando estaban en crisis con su pareja. Afirma el juez que esta ley, que ha conducido a un «totalitarismo», mezcla en el mismo saco a los maltratadores machistas con los hombres -incluso «buenos padres, buenos cónyuges, buenas personas»- que han cometido un delito o una falta «puntual» durante una disputa con su pareja pero que no tienen una relación de dominio sobre ella. Esto ha causado una situación «cercana al holocausto social» porque, dice, citando al joven acusado por error en Tenerife de violar y matar a la hija de su novia, se detiene y marca como maltratador a todo acusado. «Miles de hombres han sido detenidos por el hecho de serlo, tras una denuncia por maltrato. ¿Cuántas mujeres han sido detenidas por denuncia falsa? Ninguna», asegura Serrano. «Las mujeres del ojo hinchado en la foto existen, pero son el 1% [de las denuncias]. La que nos tiene que preocupar es la del ojo hinchado que no sale en la foto, la que sufre de verdad explotación, violencia y miedo, pero no se atreve a denunciar». Y reta al Gobierno y a la ministra de Igualdad a debatirlo con él. «En privado, diputados del PSOE y del PP me dicen que tengo razón, pero que ellos no lo pueden decir». Dice el magistrado que se usan datos «sesgados» y que, mientras se registran y publicitan las estadísticas de mujeres víctimas de violencia machista, se «ocultan», no se registran o no se da publicidad a los datos de hombres muertos a manos de sus compañeras o ex parejas. Que la ley está causando un daño no estudiado a miles de hombres acusados «injustamente». Sus críticas van más lejos: «Este año han matado ya a 51 mujeres (hasta el 3 de diciembre) y a 30 hombres, pero no se registra oficialmente». Quien quiera saberlo, afirma, tendrá que recurrir, como él hizo, a internet y a la prensa. MUJERES, SÍ; HOMBRES, NO ¿Por qué las muertes de mujeres, sí, y las de hombres, no? ¿En qué se basa el juez para sostener una afirmación tan grave? Serrano indica que el Ministerio del Interior precisaba hasta 2006 en su Anuario Estadístico el número de asesinadas... Y también el de asesinados. Murieron 55 mujeres a manos del cónyuge en 2002; 65 en 2003; 61 en 2004; 53 en 2005; 54 en 2006. En esos años, los varones a los que mataron sus compañeras o ex compañeras fueron 16, 13, 9, 15 y 12. Aproximadamente, uno por cada cinco asesinadas. En comparación con estas cifras oficiales divulgadas hasta 2006, los 30 varones muertos este año parecen una cifra exagerada. Si se cuenta a las mujeres y hombres que murieron a manos de otros parientes [hijo/hija, progenitores u otros -no se especifica el sexo del autor, aunque la mayoría son hombres-], las cifras de la violencia doméstica suben proporcionalmente más en el caso de los varones: 77 muertas y 49 muertos en 2002; 84 y 49 en 2003; 79 y 31 en 2004; 71 y 56 en 2005; 78 y 37 en 2006. A partir de 2007, Interior ya no refleja en su web estos datos de violencia doméstica por sexos. Pero mientras el Gobierno deja de publicar, al menos en lugares de fácil acceso, las cifras sobre los hombres, sí sigue divulgando, dice Serrano, la violencia contra mujeres. El registro de asesinadas se puede consultar en la web del Ministerio de Igualdad. Asegura el juez que hay muchos hombres que sufren graves consecuencias por ser acusados «falsamente» de maltrato, llegando incluso al suicidio, pero que no se conoce impacto real de la, dice, injusta «generalización» del castigo porque no hay organismos que lo analicen. Vuelve a citar el Anuario 2006 de Interior para señalar (pág. 292) que ese año se suicidaron 3.716 hombres frente a 2.753 mujeres. Él está convencido de que una parte de los suicidios se debe al trauma por el trato «discriminatorio» sufrido en el proceso de separación: hombres que perdieron la casa y la custodia de los hijos por una acusación, insiste, injusta. De nuevo, reitera, faltan estudios para comprobar su teoría. Aunque los números cantan la realidad. En 2005 se suicidaron 3.867 hombres y 2.802 mujeres, según el anuario de ese año de Interior. Este ministerio no publicó los datos sobre suicidios en 2003 y 2004, pero sí en el de 2002, antes de la Ley contra la Violencia de Género. Ese año se quitaron la vida 3.563 hombres y 1.867 mujeres. [Desde entonces, los que se han disparado fueron los suicidios femeninos; la tasa de los masculinos no varió significativamente antes y después de la ley]. Afirma el magistrado que la mayor parte de los casos calificados como violencia de género son en realidad conflictos entre iguales en el litigio de una separación, y que la mayoría de los hombres tratados como maltratadores no lo son. Toma los juzgados de Violencia de Género de Sevilla como ejemplo para denunciar que se transmite una visión «distorsionada» del maltrato. En 2008, según la Fiscalía Superior de Andalucía, se incoaron 9.814 procedimientos. Sobre estas cerca de 10.000 denuncias, emitieron 1.010 sentencias, 395 condenatorias, 412 absoluciones y 203 condenas de conformidad. Un 90% de las denuncias se archivaron o acabaron en absolución. Critica en cambio que un informe publicado este octubre por el Grupo de Expertos y Expertas del CGPJ acerca de la aplicación de la Ley contra la Violencia de Género sobre la incidencia de las denuncias falsas (el estudio decía que sólo halló 1 entre 530 sentencias analizadas), haya sido utilizado de forma «sectaria» para dar a entender que las condenas son mayoritarias entre los denunciados. Según el estudio, el 84,91% de las sentencias fueron condenatorias: el 59,33% por maltrato ocasional, el 21,78% por delitos de amenazas leves, el 10,22% por quebrantamiento de pena o medida cautelar y el 6,28% por maltrato habitual. En 388 casos se impuso pena de prisión. MINORÍA DE CONDENADOS Serrano alega que si se tuvieran en cuenta las denuncias archivadas o sobreseídas, se percibiría que los condenados son minoría y que los casos en los que se da lo que él considera inconfundible y sistemático dominio machista representan «menos del 1% de todas las denuncias». Sostiene que decir lo que él dice es ser «progresista», y resume su propuesta, ampliada en su libro Divorcio sin traumas: pasar de la «criminalización» por la vía penal de los conflictos de pareja a una mayor apuesta por la mediación y la conciliación. O cambiar la redacción del artículo 1 de la Ley: en vez de decir que la violencia de género es la que sufre la mujer «COMO» expresión de las relaciones de poder de los hombres [lo que «prejuzga que toda relación entre un hombre y una mujer es desigual y que ésta es inferior por el hecho de serlo»], la defina como la violencia que sufre «CUANDO» es expresión, etc., precisando así que es violencia machista sólo la que se produce en los casos concretos en que existe esa posición de dominio y abuso en la pareja. Argumenta: «Una ley que agrave la pena contra el hombre sólo por serlo es tan discriminatoria como si se hiciese una ley de prevención de riesgos laborales que no protegiese a las mujeres porque representen sólo el 5% de los 1.100 trabajadores muertos en el tajo el año pasado». No es la única voz autorizada. La protesta del magistrado Serrano converge con la jueza de Barcelona María Sanahuja y el juez de Violencia contra la Mujer, de Jaén, Miguel Sánchez Gasca, entre otros. Ya en 2005, Sanahuja aseguró que muchas mujeres utilizaban la denuncia para obtener mejoras en los divorcios. El pasado viernes, el juez Gasca negaba a un padre la custodia compartida de sus hijos. Pero al sospechar de la mujer, pues denunció a su marido por violencia justo al saber que éste aspiraba a la custodia compartida, se lo ha pensado: «Quizás lo más adecuado habría sido otorgar la custodia al padre». La ley, para el juez Serrano, es ciega. Acaba de quitarle la patria potestad sobre su hijo a un joven que mató a su novia. Dice que este caso «sí» es un ejemplo claro de maltrato, desigualdad y dominio de poder.

Economía de Guerra.

La economía bolivariana implantada por el régimen chavista está sumiendo en la pobreza más absoluta a uno de los países más ricos de América Latina hasta hace apenas diez años. En la actualidad, Venezuela está inmersa en una estanflación (recesión y alta inflación) de graves consecuencias. Sus ciudadanos avanzan hacia el peor de los mundos posibles, contracción económica y elevados precios, gracias a la exitosa socialización de los factores productivos que lleva aplicando de forma progresiva, pero imparable, el comunista Hugo Chávez desde su llegada al poder.

La utopía que el gorila rojo pretende imponer a sus ciudadanos se ha materializado, hasta el momento, en la completa nacionalización de sectores económicos clave. El poder estatal ya se ha hecho con el control de la producción petrolífera y otras materias primas, el sistema bancario, el sector energético, la distribución de alimentos y productos básicos, gran parte de la industria pesada (cementeras) o la propiedad y redistribución de la tierra.

A ello se suma la prohibición por ley de despedir trabajadores, la fijación de precios máximos y salarios mínimos o la censura que sufren los medios de comunicación, entre otras muchas medidas totalitarias que, día sí y día también, son aprobadas a golpe de decreto. De este modo, tras el fracaso electoral que obtuvo su reforma constitucional, poco a poco Chávez está logrando su objetivo último: implantar un régimen comunista en Venezuela.

Hasta no hace mucho, el tirano bolivariano contaba con un firme aliado económico –el petróleo– para mantener bajo control el creciente descontento popular derivado de su política económica. Y es que las ingentes subvenciones públicas otorgadas a su masa de acólitos venían a llenar el vacío que generaba entre los opositores la expropiación de empresas y propiedades, el aumento de la inseguridad jurídica, el cobro de impuestos abusivos, la escasez de productos básicos o la extensión de la pobreza.

Sin embargo, la otrora productiva maquinaria petrolífera en manos privadas se está yendo a pique. La nacionalización de este sector se está materializando en cuantiosas pérdidas, hasta el punto de que su empresa bandera, la estatal PDVSA, está al borde de la quiebra. No es algo nuevo. Al petróleo venezolano le está sucediendo lo mismo que, en su día, padeció la rica industria minera de Bolivia, o la fértil agricultura de Cuba o Zimbabwe (conocido años atrás como el granero de África). La gestión estatal de los recursos acaba siembre, y en todo lugar, en un auténtico desastre económico.

El motor de Venezuela se apaga, y con él las finanzas públicas del régimen bolivariano. De ahí que la deuda pública de Venezuela presente el mayor nivel de riesgo del mundo, tal y como refleja el mercado de Credit Default Swaps (CDS), una especie de seguro que contratan los inversores para cubrirse de posibles impagos.

La gallina de los huevos de oro se agota, y Chávez es consciente de que carece ya de recursos suficientes para acallar la boca de sus súbditos a base de petrodólares. Así pues, no es de extrañar sus recientes soflamas públicas animando a la población a racionar su consumo de luz y agua. De seguir así, dentro de poco, no sería extraño observar la implantación de cartas de racionamiento para la distribución de alimentos. Por el momento, ya resulta casi imposible sacar dinero del país, puesto que se precisa un permiso administrativo para transferir dinero al exterior. Pese a ello, Chávez aún cuenta con la política monetaria de su banco central, ahora también en sus manos, para imprimir billetes a placer.

De hecho, y ante las crecientes dificultades económicas que atraviesa el país, el tirano se ha embarcado en una guerra comercial con Colombia que, paso a paso, va cobrando tintes de conflicto armado en toda regla. Se trata del penúltimo paso hacia la socialización total del país. Y es que no hay nada mejor que la tensión bélica para que el Estado extienda su mano con facilidad hasta donde alcanza su vista. Y si no, ahí tienen la Guerra Fría de la URSS, Corea del Norte, Cuba, Camboya o Vietnam; las ansias imperialistas de Hitler o Mussolini, y tantos otros regímenes totalitarios que han optado por la vía de las armas para acabar imponiendo su control absoluto sobre la economía de mercado. Chávez no es distinto y, por ello, dirige ya a Venezuela hacia una economía de guerra.

Mister X y Mister Y

Si algo demuestra el "caso Faisán" es la incapacidad socialista de enfrentarse a ETA sólo con la ley pero con toda la ley. Si entre 1982 y 1996 se sucedieron las negociaciones, las treguas y la guerra sucia contra ETA, a partir de 2004 asistimos a un proceso de negociación política con la banda del que aún hoy desconocemos aspectos importantísimos. Cuando los conozcamos, probablemente asistamos a uno de los grandes escándalos de la democracia. Queda en cuestión la responsabilidad que, en el futuro, deberá afrontar Zapatero en este asunto.

En el caso de los GAL, las responsabilidades políticas eran evidentes, pese a que Felipe González en ningún momento las asumió: miembros de su Gobierno organizaron, financiaron y prepararon la guerra sucia contra ETA. Cometieron una veintena de asesinatos, varios secuestros y un sinfín de actos delictivos. Secretarios de Estado, funcionarios policiales y ministros acabaron en la cárcel. Pero González aguantó hasta el final, y sólo las urnas lo apearon en 1996, sin asumir responsabilidad alguna por los actos de sus subordinados. Hoy vive plácidamente dedicado a sus labores.

Penalmente, la principal acusación contra González se basaba en lo inverosímil de creer, primero, que del ministro de Interior para abajo se hubiese montado una trama criminal a espaldas del presidente; y segundo, que éste no tomara las medidas necesarias dentro de un Estado de Derecho para perseguir este tipo de actos cuando ya eran conocidos. Se salvó de una investigación judicial mediante la teoría de la estigmatización, que le libró de la posibilidad de ser investigado y juzgado por hechos gravísimos.

Ese fue el mayor escándalo de la lucha de la democracia contra ETA... hasta los hechos acontecidos entre 2002 y 2007. El "caso Faisán" se origina en el marco de una negociación secreta de Zapatero con ETA que se inicia en esos años, en los que se llega a un acuerdo en 2006 y que se rompe en 2007. Durante los pactos que el PSOE tuvo con ETA hubo episodios muy oscuros aún hoy sin esclarecer. Están los famosos informes de verificación del alto el fuego, que fueron manipulados para ocultar hechos delictivos de la banda. Están también las denuncias de los sindicatos policiales sobre la existencia de órdenes extraoficiales para frenar la lucha contra la banda. Y está el "caso Faisán", la colaboración con banda armada de responsables del Ministerio del Interior, lo que supuso la salvación de su aparato de extorsión, y con él de la capacidad de la banda de cometer atentados y crímenes: ¿cuántos de estos no hubiesen ocurrido de no existir el chivatazo a ETA?

Por todo lo anterior, y en cualquier país de nuestro entorno, Rubalcaba hubiese tenido que dimitir o ser cesado, y con toda probabilidad se enfrentaría a la justicia con cargos de gravedad. Ha tenido la fortuna de no correr la suerte de Barrionuevo, y eso que los delitos de éste estaban a fin de cuentas relacionados con la lucha contra ETA. En el caso de Zapatero, como González, la responsabilidad política es directa, porque él es el máximo responsable de los pactos con la banda, así como de las actuaciones que de ellos se derivaron, muchas de ellas penales y delictivas. Él es el responsable político de los delitos cometidos por sus funcionarios en la lucha contra ETA, incluido el chivatazo a la banda.

En el ámbito penal, como en el caso de González, la cosa es más complicada. Resulta bastante creíble que ningún alto cargo policial pudo tomar por sí sólo la iniciativa de avisar a ETA de que su aparato de extorsión iba a ser desmantelado: como en el caso de los GAL, el delito es de suficiente gravedad como para descartar que un funcionario policial pudiera actuar de espaldas a sus superiores en el Ministerio. ¿Y en el Gobierno? ¿Conocían Zapatero y Rubalcaba los planes para avisar a ETA de una operación de la Audiencia Nacional? Como en el caso de González, no hay pruebas que lo acrediten, como tampoco de que dieran luz verde para ello. ¿Exigieron tomar las medidas necesarias y urgentes ante el delito de colaboración con ETA cuando éste fue conocido, al poco tiempo de cometerse? Como en el caso de González, la respuesta es negativa, y Zapatero se negó a esclarecer un acto de traición a España y sus instituciones.

Si en el caso de González a la clara responsabilidad política se une la dificultad para especificar si tuvo responsabilidad penal en el caso de los GAL, en el caso de Zapatero ocurre algo parecido: su responsabilidad política es directa, pero no está probado que estuviese al tanto de lo ocurrido. Pero como en el caso GAL, quizá con el tiempo se sepan más detalles y sepamos qué ocurrió con el aparato de extorsión etarra, y qué papel jugó cada cual. Si aún estamos buscando a "Mister X" en relación con los GAL, ahora es un misterio quién es el "Mister Y" del "caso Faisán". Por ahora sólo sabemos que es socialista. Como entonces.

La Receta de los Sindicatos...

Inusitada finezza la de José Ricardo Martínez, secretario general de UGT en Madrid, mandando al gobernador (que no presidente, José Ricardo) del Banco de España "a su puta casa". Ponderadas palabras propias de un estadista que resumen el buen talante negociador y el "ejemplar comportamiento" de nuestras centrales sindicales.

Y mientras estos paniaguados de la izquierda se tiran los trastos a la cabeza, el desempleo supera los cuatro millones de parados en España y llevamos gastados en el último año la friolera de 30.000 millones de euros en prestaciones de desempleo porque nuestro muy flexible mercado laboral es incapaz de crear ni un solo puesto de trabajo.

Pero, ¿cuánto son 30.000 millones? Para no perdernos en las grandes cifras: para empezar, es algo así como el doble de lo que pretende ingresar el Gobierno con la recientemente aprobada subida de impuestos. Es prácticamente la mitad de lo que se recaudó por IRPF en 2008, el 60% de los ingresos por IVA y más de lo que obtiene por todo el Impuesto de Sociedades.

Dicho de otra manera, nuestra endémica incapacidad para crear empleo nos impide recortar el IRPF en un 50%, el IVA en un 60% o eliminar por completo el Impuesto de Sociedades. ¿Se imaginan qué impulso adquiriría la economía española si alguna de estas medidas se adoptara?

Mejor no lo piense mucho que igual se le revuelve el estómago. Limítese a mostrar una ligera indignación mientras se pregunta a qué o a quién se debe que cuatro millones de personas no encuentren ni un empleo: pues en esencia a estos visionarios sindicalistas que combinan el cariño hacia el socialista Zapatero con las elegantes admoniciones al socialista MAFO para que regrese al calor hogareño de "su puta casa".

Recuerde lector que estos locuaces individuos, esas plumas delicadas que en apenas un exabrupto sintetizan la calidad de sus ideas, son quienes dirigen ese infame proceso llamado de "negociación colectiva" por el que los salarios en España son incapaces de ajustarse aun cuando los ingresos empresariales se estén hundiendo. Son ellos a quienes se les ha investido con la categoría política de "agentes sociales", facultados para negociar de tú a tú con una entente gubernamental y patronal para decidir las condiciones por las que se van a regir todos los trabajadores y empresarios de España. Son ellos quienes viven de los salarios de los proletarios y de los beneficios de los empresarios sin dar un palo al agua con la excusa de disponer de tiempo libre para desarrollar con esta exquisita prosa sus aportaciones al drama económico que vive nuestro país. Son ellos, en definitiva, quienes siguen instalados en una retórica cuasi marxista para justificar su parasitismo político y económico de la sociedad española.

Tamaños poderes y privilegios para tan gran inteligencia y responsabilidad. ¿Qué sería de nuestro país si no eleváramos a la categoría de planificadores sociales a tan templados personajes? Imaginen a las huestes sindicales engrosando las listas de paro y buscando empleo con su característica buena educación. Si es que no puede ser: cuatro millones de parados son un precio más que equitativo para que los liberados no pasen por semejante trance. De momento, pues, que sigan siendo estos mantenidos de la "puta casa" quienes marquen la política laboral del Gobierno y que prosiga la sangría de parados y de gasto público. Total, paga el contribuyente.

Políticamente Incorrecto.

Basta ya de palabras medidas y discursos moderados; mentiras a medias y verdades difusas; basta ya de circunloquios y subterfugios; de palabrería barata adornada con bellas palabras y soplos de optimismo falso; entierren la demagogia manida en el fondo de un pozo y olvídense de una vez por todas de los cálculos electorales y del anclaje a la poltrona... Ya es hora de dejar atrás lo políticamente correcto.

España necesita un revulsivo para despertar del engañabobos al que nos tiene acostumbrado la inepta clase política de este país, un líder empresarial o institucional valiente que sea capaz de decir lo que realmente piensa, con la verdad por delante y sin miramientos. Día sí y día también saltan a la luz opiniones diversas de responsables políticos, sindicales y empresariales acerca de la difícil situación y pocos, por no decir ninguno, se saltan el guión preestablecido por el pensamiento único dominante.

El gobernador del Banco de España anima a Zapatero a reformar el mercado laboral, por vigésima vez, pero no se moja a la hora de reclamar la eliminación de la negociación colectiva que tanto encorseta al empresariado español, o una rebaja sustancial en el coste del despido, o la flexibilización total de la contratación laboral. De hecho, Miguel Ángel Fernández Ordóñez defiende la subida de impuestos aprobada por el Gobierno. Eso sí, siempre y cuando esa mayor recaudación se destine a reducir el déficit.

Ordóñez, el mismo que está permitiendo a las entidades financieras ocultar su morosidad real con engaños contables. De la misma calaña es José Viñals. El ex subgobernador del Banco de España se atreve ahora a dar consejos de prudencia crediticia y bancaria desde su nuevo cargo en el Fondo Monetario Internacional tras su nefasta gestión al frente de la supervisión del sistema español.

El ex ministro Jordi Sevilla, por su parte, discrepa de su antiguo jefe de filas y critica, vagamente, unos Presupuestos Generales cuya falsedad y engaño son más que evidentes. La patronal de empresarios se contenta con disparar balas de fogueo contra la política económica del Gobierno. Acepta subir los salarios, pese a que deberían bajar, no se revuelve contra el aumento de la presión fiscal, apenas se limita a pedir tímidamente una reforma light del mercado laboral no vaya a ser que los ministros se nos enfaden.

¡Y qué decir de los sindicatos! Potentados burgueses que conducen coches de lujo y viven a cuerpo de rey mientras denuncian a viva voz la explotación del proletariado con el puño en alto. Nadie mejor que un líder sindical sabe aplicar el dicho aquel de en boca cerrada no entran moscas, y el tan acertado no muerdas la mano que te da de comer.

La oposición, por supuesto, no se queda atrás. La cúpula del PP no habla, tan sólo se limita a contemplar y esperar a que la manzana podrida se caiga del árbol sin apenas menear el tronco. Ni una palabra sobre la necesaria reducción drástica del gasto público; concreción nula a la hora de exigir reformas estructurales para incentivar la mermada competitividad de nuestra economía... Al contrario. Los populares tan sólo se mueven para pulsar el botón verde y apoyar así al PSOE en la aprobación del PER nacional para parados, el rescate de Caja Castilla-La Mancha haciendo uso de los impuestos de los contribuyentes o la creación de un fondo de rescate bancario dotado con casi 100.000 millones de euros cuya transparencia es nula.

Mentiras, engaños y falsas promesas son los ingredientes básicos que conforman el discurso de los representantes políticos y sociales. ¿Para eso pagan impuestos los españoles? Son meros parásitos que no están a la altura de las circunstancias. Dejen ya de confiar en la política. Nada van a hacer por usted. Dependemos única y exclusivamente de nosotros mismos para salir del pozo en el que otros, ahora convertidos en falsos profetas, nos metieron. Basta ya de hipocresía.