"A río revuelto, ganancia de pescadores", debieron pensar Zapatero, Obama y cuantos socialistas más que durante años se hubieran rendido a la aparente y falsa evidencia de que su odiado capitalismo y su más detestada especulación creaban riqueza para las masas. Nunca dijeron ni pío sobre los pies de barro y las inestabilidades de ese crecimiento inflacionista, por mucho que quienes sí defendían y comprendían los libres mercados –como los economistas de la Escuela Austriaca– llevaran décadas denunciando las debilidades de un sistema que sólo forzando el lenguaje cabía calificar de liberal.
Por ello, cuando la torre de Babel crediticia construida durante un lustro por los bancos centrales y sus sucursales privadas comenzó a derrumbarse de manera acelerada, la izquierda resentida debió frotarse las manos. Ni entendían por qué no había caído antes ni entendían por qué caía ahora, pero al fin y al cabo tenían una oportunidad de oro para denunciar los excesos del "neoliberalismo salvaje" y clamar por su regulación, esto es, por convertir lo que hasta entonces había sido un cortijo de la banca en un cortijo del Estado.
Así, durante los últimos meses hemos oído hablar hasta la saciedad de los males de la desregulación, del shadow banking, de la especulación desenfrenada, de la codicia inversora, de los altísimos salarios de los directivos, del retroceso de la política y de la necesidad de regresar a un modelo de banca más "tradicional". Algo así como el mito del buen salvaje pero aplicado al sistema financiero.
Ni una palabra, claro, del monopolio que ostentan los bancos centrales para emitir la moneda de curso forzoso y orientar los tipos de interés. Ni una palabra, faltaba más, de la imposición estatal de un dinero fiduciario que arrebata a los consumidores e inversores cualquier soberanía para oponerse a los excesos del lobby financiero y de la nomenclatura estatal. Cero, se ve que no tocaba.
Pues bien, hete aquí que en España, el país en el que el resto de la comunidad internacional parece querer fijarse para conformar las nuevas regulaciones, quiebra Caja Castilla-La Mancha y el resto de nuestros patrios Montes de Piedad están al borde de su bien merecida bancarrota.
Pero con el caso Caja Castilla-La Mancha no sólo debería derrumbarse este mito. Hay una asimetría si cabe más perversa que sugiere que el sector privado es esencialmente corrupto y el público fundamentalmente pulcro. El mercado nos arrastra hacia la competencia feroz y la ley de la selva mientras que el Estado nos empuja hacia la cooperación y las mieles de la civilización. Implícitamente se sugiere que el Estado debería sustituir al mercado y que si en vez de la avaricia privada hubiésemos gozado de la solidaridad pública, ninguno de estos desaguisados se habría producido.
Sin embargo, tan sólo es necesario observar de qué manera se han comportado las cajas de ahorro durante las recientes fluctuaciones económicas para comprender cómo sería un mundo donde la banca estuviera controlada y dirigida por políticos. El paraíso con el que sueñan Zapatero y Obama, el de la banca pública, está aquí en España: amiguismo, corrupción, inversiones suicidas y créditos alocados. "Infracciones muy graves" que demuestran que el hombre y no el mercado es el codicioso y potencialmente mancillable. La diferencia está, o debería estar, entre otros asuntos básicos en que en un mercado libre los errores se pagan con la quiebra y los fraudes con la restitución de las víctimas; en un sistema público, con rescates, opacidad y más poder regulatorio para los políticos.
A la izquierda le ha resultado muy fácil aprenderse el apellido Madoff y recitarlo cual letanía liberticida cada vez que se le oponen argumentos económicos sensatos. No deberíamos olvidar a Hernández Moltó: más que un Madoff hispano es el primer, que no el último, Madoff del impoluto y honrado sector público.
Un rasgo notable del sistema financiero más sólido del mundo consiste en aunar todo lo malo del capitalismo sin por ello retener nada de lo bueno del socialismo. Es eso que lo que los economistas llaman un "óptimo de Pareto", pero al revés; o sea, un tinglado definitivamente imposible de empeorar. Así, nacionalizar las pérdidas de la banca a mayor gloria del libre mercado, garantizando con desparpajo solemne a las grandes fortunas del Reino que los contribuyentes pagarán a escote su muy privada incompetencia, tiene mérito; y más, si el promotor del regalo presume de ser un rojazo tremendo.
Al tiempo, privatizar de facto las Cajas de Ahorros en nombre de la charlatanería solidaria al uso, tiene algo más: tiene delito. He ahí, paradigmático, el caso del compañero Juan Pedro Miremealacara Moltó, y su Caja de Pandora castellano-manchega. Y es que en la autopsia de la CCM que acaban de rubricar los forenses del Banco de España dispone Zapatero de las pruebas periciales contra el malvado neoliberalismo, culpable único de la crisis. Sin ir más lejos, ahí se certifica que el compañero Moltó concentró créditos por valor de setenta y seis mil millones de pesetas en tres familias, tres, de resecos castellanos de pro sedientos de liquidez. ¿Acaso cabe ser más liberal con el dinero del prójimo?
Y no vaya a barruntar el lector que terminó ahí la desprendida liberalidad del Bigotes de Bono. Qué va. Según ha revelado García Abadillo en El Mundo, el Adam Smith manchego demostró ser todo un señor con el dinero sobrante, uno de aquellos altivos caballeros decimonónicos que aún confiaban en la palabra de honor de un semejante. De ahí, sin duda, que el 82 por ciento de los grandes créditos de CCM hayan ido a parar a constructores y promotores inmobiliarios sin necesidad de que experto urbanístico alguno certificara el valor real de los terrenos que ofrecieron como garantía. Suerte que a Madoff no le dio por acercarse a Toledo en busca de financiación.
Así las cosas, bien sé que resultaría muy extremista proponer la privatización de los bancos privados españoles. ¿Pero también sería osadía excesiva, don Mariano, reclamar la socialización, es decir la devolución a la sociedad mediante venta en pública subasta, de las Cajas de Ahorros? No me conteste: ya conozco la respuesta.
España tiene uno de los mercados de trabajo más rígidos del mundo. Basta con echarle una mirada al Índice de Libertad Económica que elabora anualmente la Fundación Heritage para comprobar que nuestra legislación laboral es más intervencionista que la de países tan poco liberales como Pakistán, Liberia o incluso Zimbabue.
No es casualidad, por consiguiente, que España sea el país europeo con una mayor tasa de paro y que, pese a ello, el desempleo no deje de subir trimestre tras trimestre. Y es que las crisis económicas son épocas en las que la economía debe reajustarse para corregir las malas inversiones que han inducido los bancos centrales durante la etapa de expansión crediticia. Ese imprescindible reajuste pasa por dos vías: primero, que los factores productivos abandonen algunas ocupaciones para entrar en otras y, segundo, que aquellos precios de los factores productivos que estuvieran artificialmente inflados se reduzcan. De hecho, lo normal es que ambos procesos tengan una continuidad lógica: para que un factor productivo desempleado pase a utilizarse en una nueva industria, lo normal es que tenga que aceptar recortes en su salario.
La economía española es una experta a la hora de recorrer sólo una parte del camino: el factor productivo trabajo está siendo expulsado del mercado. El problema es que le falta la otra parte: que los desempleados encuentren una nueva ocupación. La manera de lograrlo pasa en buena medida por reducir los costes que los trabajadores suponen para las empresas que ya existen y, sobre todo, para las nuevas que deben crearse en otros sectores de la economía.
Así, por ejemplo, Paul Krugman, economista muy del agrado del presidente del Gobierno, sugirió en su visita a España que nuestro país tenía que rebajar los salarios alrededor del 15% para ser competitiva y volver a crecer. Aunque la cifra no tenga por qué ser ni mucho menos exacta, sí refleja un cierto consenso entre los economistas, incluso entre los keynesianos: precios y salarios deben descender porque durante la burbuja inmobiliaria vivíamos gracias al éxtasis crediticio muy por encima de nuestras posibilidades.
Según el Índice de Precios Industriales, los precios llevan varios meses cayendo en nuestro país alrededor del 5% y, sin embargo, el conjunto del coste salarial se encarece gracias a la terquedad negociadora de los sindicados en torno a un 4%. Dicho de otra manera, los empresarios españoles venden cada vez a menor precio una mercancía que les resulta más cara de producir: sus márgenes de beneficios se están derrumbando. Y el estrechamiento de márgenes empresariales no es precisamente la mejor manera para superar las crisis, ya que sólo significa un más empresas en quiebra, más EREs y más parálisis a la hora de contratar a unos carísimos trabajadores para producir una baratísima mercancía.
En esas estábamos cuando el Gobierno, obsesionado con lavar su imagen de saboteador de la economía española, ha tratado de forzar un acuerdo a tres parte con los mal llamados "agentes sociales" –sindicatos y patronal– para así transmitir la consigna de que no existe "otra política económica posible".
La patronal presentó un documento que si bien resulta discutible en muchos de sus puntos, tenía una propuesta sensata. Dado que el Gobierno está empeñado en no abaratar el despido y dado que los sindicatos no aceptan recortes en los salarios pese a que los precios están cayendo, la única forma que queda de reducir el coste de la contratación es rebajando las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social.
Pero parece que esto tampoco es del agrado ni del Gobierno ni de las centrales sindicales. Como si estuvieran anclados en el socialismo decimonónico, da la impresión de que desean que los "empresarios" soporten la totalidad de los quebrantos que ocasiona la crisis. No se dan cuenta de que sin empresas que ganen dinero, cada vez habrá un creciente número de trabajadores en el paro y también menos ingresos fiscales con los que pagar subsidios de desempleo.
Zapatero ha dado un golpe en la mesa y ha decidido finiquitar el diálogo social mediante un decretazo que, a diferencia del de Aznar, sí supondrá una grave perjuicio para la economía y, en última instancia, para los trabajadores españoles. No sólo no aprueba ninguna reforma que permita rebajar el coste de la contratación –favoreciendo que continúe la sangría empresarial y laboral– sino que alarga durante seis meses el subsidio de desempleo para aquellos trabajadores que se hayan quedado sin cobertura en unos momentos en los que el déficit presupuestario ya resulta del todo insostenible. En otras palabras, promueve tanto el aumento del paro como la quiebra del Estado. Difícilmente cabía un resultado más deplorable.
Ya va siendo hora de que los españoles se vayan dando cuenta de que tras la fachada social, progresista y dialogante del presidente del Gobierno sólo se oculta un déspota sonriente que no duda en preferir la bancarrota económica a reconocer que su recetario socialista –aprendido en apenas dos tardes– no sólo no sirve para contrarrestar las crisis sino que es uno de sus principales motivos. No hay derecho a que los prejuicios de un iluminado aceleren la pauperización de millones de familias. Siendo obsceno que Zapatero pueda decidir con qué condiciones debe redactarse un contrato laboral entre dos personas privadas, mucho más lo es que utilice ese poder impropio para perjudicar a toda la sociedad. Este decretazo sí debería pasar a la historia de España como uno de los más antisociales de cuantos hayamos padecido.
Zapatero ha decidido zanjar las negociaciones con patronal y sindicatos, y el próximo trece de agosto establecerá un nuevo subsidio por decreto-ley, que es precisamente lo que se espera de un político que ha hecho del diálogo y el talante los ejes transversales de su acción de gobierno.
Como los niños tozudos cuando les llevan la contraria, Zapatero también se enfada cuando una de las partes en litigio no se pliega a su dictado, de ahí que haya manifestado su profundo enfado porque la CEOE se haya atrevido a cuestionar su “modelo de crecimiento”, proponiendo medidas elementales como rebajar los impuestos y las cargas sociales a las empresas en dificultades.
El problema del presidente del Gobierno, como buen socialista, es que su principal objetivo no es tomar medidas serias contra la recesión y el desempleo para que la sociedad civil cree empresas y puestos de trabajo, sino mantener satisfechos a los grupos de presión que pueden amenazar sus expectativas electorales a medio plazo. Zapatero prefiere muchos parados con subsidio a trabajadores independizados de la ubre estatal, porque mientras los primeros suelen agradecer con su voto la “redistribución de riqueza” llevada a cabo en su beneficio, los segundos son incontrolables.
Si hay que tomar medidas impopulares para salir de la recesión, y todas las decisiones efectivas lo son especialmente en unas sociedades acostumbradas al paraguas protector del Estado, que nadie espere que Zapatero vaya a adoptar ni siquiera las de menor coste político. Mucho menos le veremos emprender una reforma del mercado laboral aunque todas las instituciones serias se lo pidan a gritos, incluidas las presididas por miembros de su partido. El presidente no está dispuesto a pasar a la nutrida historia de los desafueros socialistas en nuestro propio país como el gobernante que propició un mercado del trabajo más ágil y competitivo, porque los liberados sindicales se echarían a la calle y Zapatero no quiere esa foto en su álbum de recuerdos.
La recesión será larga, pero en lugar de reparar el casco de un buque agujereado por todos los lados, Zapatero y Corbacho prefieren quedarse en la sentina achicando agua mientras quede dinero para pagar el alquiler de las bombas. Todo para que los sindicatos, cómodamente instalados en la cubierta más lujosa, no experimenten la menor molestia durante la travesía. Con llegar a puerto en 2012 sin habernos hundido del todo la misión estará cumplida.
Ya en la introducción a su trabajo explica que para recuperar una situación de normalidad en los mercados crediticios americanos, deberemos comprender primero las características de los problemas que en la actualidad enfrentamos para, a continuación, revelarnos qué es lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es, precisamente, una ausencia de regulación. Explica White que las regulaciones fueron de hecho intensificadas en la década de 1990, con la posible excepción de la Financial Services Modernization Act, firmada por el Presidente Clinton en 1999, como el único intento por desregular los mercados.
Y entonces ofrece White su explicación de lo que sí ocurrió, siguiendo la línea de la Escuela Austríaca: la política monetaria de la Reserva Federal distorsionó el tipo de interés y los precios de los activos, desvió los préstamos hacia inversiones equivocadas y llevó a instituciones financieras robustas a una situación insostenible.
En términos cuantitativos, ante la recesión de 2001, Alan Greenspan expandió agresivamente la oferta monetaria. Año tras año, el crecimiento del agregado monetario M2 superó levemente el 10%, para pasar a superar el 8% en la segunda mitad de 2003. La expansión fue acompañada por una bajada del tipo de interés de corto plazo por parte de la Reserva Federal, que comenzó el 2001 en un 6.25 %, y lo terminó en un 1.75 %. Fue reducida aún más en 2002 y 2003, cuando alcanzó el 1 % y se quedó allí por un año. El tipo de interés real, agrega White, fue negativo –es decir, el tipo de interés nominal era más bajo que la tasa de inflación– durante dos años y medio. "Esto es lo que dio lugar a la madre de todas los ciclos de liquidez y a una masiva burbuja de demanda".
John Taylor, bajo un discurso en apariencia similar, tiene claro que la crisis y la burbuja inmobiliaria encuentran su origen en los excesos monetarios de la Reserva Federal. La regla monetaria de Taylor, más allá de las imperfecciones ya señaladas en varios medios, muestra que desde 2001 hasta el 2006, la Fed llevó los tipos de interés incluso por debajo del tipo de interés estimado por la regla, y el que hubiera sido consistente con un objetivo de inflación del 2 por ciento.
Pero lo más interesante del trabajo de White son los cuatro excesos que identifica en el Gobierno americano, que desembocaron en la concesión de hipotecas de riesgo o subprime:
1) La Federal Housing Administration (FHA), fundada en 1934, aseguraba que los préstamos hipotecarios otorgados por empresas privadas exigían al prestatario ciertas garantías. Para que un cliente calificara, la FHA originalmente requería –además de otros puntos– que el cliente contara con el 20% del dinero necesario para comprar la propiedad. Aparentemente, por razones burocráticas, la FHA redujo los requerimientos. Para 2004 el programa más popular de la FHA redujo el requisito al 3%, afrontando en el Congreso solicitudes por reducirlo a cero. El resultado fue un aumento en la tasa de morosidad en el pago de las hipotecas.
2) La Community Reinvestment Act es una Ley aprobada por Carter en 1977 y ampliada en 1989 y 1995. Fue creada para prestar dinero a las "clases menos favorecidas", intentando que aquellos que no pueden cumplir con los requisitos bancarios pudieran acceder al crédito y a la compra de viviendas. Si bien durante los primeros años no cumplió ninguna función importante, a partir de 1995 los reguladores pudieron negar una fusión a los bancos o incluso la apertura de nuevas sucursales en caso de que no cumplieran con las disposiciones allí impuestas. Así, White explica que grupos como la Association of Community Organization for Reform Now (ACORN) presionaron activamente a los bancos para otorgar préstamos bajo la amenaza de registrar quejas y así disminuir el rating del banco privado. En respuesta a las nuevas reglas del CRA, algunos bancos se asociaron a grupos comunitarios para distribuir millones en hipotecas a clientes de pocos recursos, a los que antes les era imposible acceder al crédito.
3) Mientras tanto, a partir de 1993, los bancos privados comenzaron a recibir acciones legales de parte del Department of Housing and Urban Development(HUD)por rechazar demandas de hipoteca. Para evitar estas presiones y problemas legales, los bancos tuvieron que relajar los requisitos de ingresos.
4) El Congreso entonces presionó a Fannie Mae y Freddie Mac para incrementar la compra de hipotecas. Russell Roberts, profesor de economía en la George Mason University, explicó en the Wall Street Journal que "desde 1996, el HUD requirió que el 12% de todas las compras de hipotecas realizadas por Fannie Mae y Freddie Mac fueran préstamos ‘especialmente económicos’, típicos de clientes con ingresos que están por debajo del 60% del promedio. Ese número se incrementó al 20% en el 2000 y al 22% en 2005. En 2008 se incrementó a 28%. Entre 2000 y 2005 Fannie y Freddie cumplieron sus objetivos, financiando cientos de miles de millones de dólares en préstamos de riesgo concedidos a personas que compraron su casa teniendo menos del 10% del dinero necesario."
En el corto plazo, Fannie y Freddie se encontraron con que sus negocios, ahora más flexibles, eran rentables, por lo que continuaron la expansión en la compra de hipotecas.
White explica que "la hiperexpansión de Fannie Mae y Freddie Mac fue posible por el respaldo que éstos recibieron del Tesoro de los Estados Unidos." Para financiar el enorme crecimiento, Fannie Mae y Freddie Mac tuvieron que tomar prestadas enormes sumas en el mercado financiero. Los inversores quisieron prestarle dinero a las dos compañías patrocinadas por el Gobierno, con tipos de interés muy bajos para el riesgo que ambas asumían. Cuando ambas empresas colapsaron, y pasaron a ser más conservadoras, el Tesoro explícitamente respaldó las deudas de Fannie y Freddie.
En conclusión, para White, la burbuja inmobiliaria es el producto de distorsionar el mercado a través de la Reserva Federal y el respaldo del Gobierno a las acciones de Fannie Mac y Freddie Mae, al Department of Housing and Urban Development, y la Federal Housing Authority. "Estamos experimentando los desafortunados resultados de las políticas perversas que tomó el Gobierno".
La utilización del fondo de pensiones por parte del Estado para financiar gasto público es tan sólo la punta del iceberg. La hucha de la Seguridad Social, dotada con algo más de 58.000 millones de euros, fue constituida con el iluso objetivo de mantener en pie un sistema que, a largo plazo, es del todo inviable. El progresivo envejecimiento de la población y el desplome de las afiliaciones a la Seguridad Social, como resultado de la destrucción de empleo, provocarán la llegada de los números rojos a esta partida esencial propia del Estado de Bienestar.
Como resultado de tal deterioro, el ratio entre cotizantes y beneficiarios se está recortando a un ritmo preocupante. En esencia, esto significa que cada contribuyente financia con sus impuestos a un mayor número de pensionistas. Para paliar este desajuste estructural, el Gobierno está negociando en la actualidad la reforma del sistema, que se traducirá en una rebaja de las pensiones futuras próximas al 30%, ni más ni menos.
Sin embargo, más allá de la insostenibilidad crónica que padece el modelo de Seguridad Social vigente, el agravamiento de la crisis económica y financiera que padece España se podría traducir en la desaparición pura y dura del Fondo de Reserva. El Gobierno está empleando la "hucha de las pensiones" para financiar el gasto público. Este hecho pone de relieve, por un lado, la grave crisis de liquidez que sufre el Estado como resultado del desplome de los ingresos tributarios, que caen ya a un ritmo próximo al 25% interanual, y por otro las crecientes dificultades que tiene el Tesoro para colocar en el mercado sus emisiones de deuda pública.
Y es que, a diferencia de la estrategia inversora llevada a cabo durante los últimos años, el Gobierno está invirtiendo el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en deuda pública española, cuya calidad es inferior al de otros países como, por ejemplo, Alemania. ¿Problema? Muchos. La voz de alarma saltó hace un par de semanas cuando un alto funcionario de la Seguridad Social reconoció en público lo que otros ya venimos advirtiendo desde hace tiempo. La deuda pública corre el riesgo de dispararse hasta el 90% del PIB en apenas un par de años, frente a un ratio inferior al 40% en 2008. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el déficit público –diferencia entre ingresos y gastos– superará el 10% del PIB este mismo año.
Tan sólo un dato. Según las propias agencias de rating (calificación de riesgos), España se enfrenta a una nueva degradación crediticia en breve, y a otra rebaja adicional a medio plazo en el momento en que la deuda pública supere el 60% del PIB. Es decir, la calidad de la deuda soberana pasará a tener un rango inferior, y esto a su vez encarecerá la financiación del Estado ya que los inversores perciben un mayor riesgo de default (impago). Durante los años 90 la rentabilidad media de las letras del Tesoro superó el 8%, mientras que en la actualidad se sitúa en tasas próximas al 4%.
El problema es que los datos aquí expuestos no contemplan la grave crisis financiera que acaba de dar comienzo. Por el momento, el Gobierno ya tiene serios problemas para financiar el gasto público corriente, hasta tal punto que se ve obligado a tirar del fondo de pensiones para financiar sus dispendios. Al mismo tiempo, el aumento de la deuda pública y la más que segura rebaja crediticia de los bonos del Tesoro dificultarán hasta extremos imprevisibles la colocación del papel español en el mercado financiero.
La cuestión es que el famoso plan de rescate bancario aprobado por el PSOE y el PP pretende salvar a bancos y cajas mediante la emisión de más deuda pública, hasta un montante máximo de 90.000 millones de euros –que serán más–. Si la emisión de deuda se colapsa es muy probable que, llegado el caso, ni cortos ni perezosos, los irresponsables políticos hagan uso de los 58.000 millones de euros líquidos que conserva el Fondo de Reserva para salvar a entidades financieras insolventes, en lugar de dejarlas quebrar. ¿De dónde si no van a sacar el dinero?
Las arcas estatales, autonómicas y locales están vacías y el rescate bancario precisará una movilización de recursos públicos sin precedentes en la historia reciente de este país. El Ejecutivo está confiando toda su política económica a la emisión de deuda, pero la clave reside en saber si los inversores foráneos confían de igual forma en la solidez de la economía y las finazas públicas nacionales. Si la respuesta es no, sus pensiones salvarán a la banca. No es algo nuevo. Dicha medida ya ha sido tomada por Irlanda. Falta saber si España tomará o no la misma senda.
Los lectores seguro que recordarán la inconstitucional y tristemente célebre "ley de la patada en la puerta" o "ley Corcuera" con la que el anterior Gobierno socialista, con la excusa de la lucha contra el tráfico de drogas, pretendía que la policía pudiera registrar cualquier domicilio sin previa autorización judicial. En mi opinión y salvando las distancias, algo parecido pretende hacer ahora el Gobierno de Zapatero al decidir que la Agencia Tributaria, sin necesidad de iniciar proceso judicial alguno, pueda embargar hasta 20.000 euros de las cuentas corrientes y de ahorro de aquellos ciudadanos que, en su opinión, tengan cuentas pendientes con el fisco. Hace apenas dos años, la cantidad máxima que la Administración podía confiscar de esta manera tan "directa" y ajena a lo que debe ser un Estado de Derecho, era de 4.000 euros, cinco veces menos de lo que será ahora tras la entrada en vigor de esta modificación que la eleva de los 6.000 actuales hasta los 20.000.
La reforma, publicada ayer en el BOE y que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, hará que no pocos españoles se vean sorprendidos en pleno verano por un embargo de una importante deuda que hasta ahora desconocían, ya que la notificación de la Administración la verán a la vuelta de las vacaciones.
Naturalmente lo que está detrás de esta medida no es otra cosa que la voracidad fiscal de un Gobierno que, a pesar de la subida de impuestos, ha sido incapaz de evitar una caída de los ingresos estatales del 25% entre enero y mayo, ni de mitigar un déficit que alarmantemente asciende hasta el 10% del PIB. En lugar de apretarse el cinturón y, en su caso, agilizar el funcionamiento de la justicia, lo que hace el Gobierno es dejar al margen a los tribunales, y entrar a saco, con razón o sin ella, en nuestras cuentas bancarias. Para muchos ciudadanos este atropello –que lo es en cualquier caso al no tener autorización judicial– puede suponer una indefensión definitiva pues, con esa cantidad embargada, serán muy pocos a los que les queden ahorros disponibles para emprender un recurso.
Este atropello, más que un "exceso de celo en la recaudación fiscal", como dice Expansión, es un auténtico y bochornoso desprecio al Estado de Derecho, que supone, además, un insufrible agravio para los ciudadanos a los que las Administraciones Públicas les deben más de 400.000 millones de euros.
Ignoro si esta medida liberticida cuenta con el conocimiento o la condescendencia de la oposición. Para mí, exigiría un pleno extraordinario en el Congreso y un recurso de inconstitucionalidad. Las vacaciones no pueden ser excusa para no poner freno a este atropello. Los ingleses decían aquello de my home is my castle en defensa de la inviolabilidad del domicilio de todo ciudadano. Algo parecido deberíamos decir también en defensa de nuestros "domicilios" bancarios.
La violación es una de las peores agresiones que puede sufrir una mujer, no digamos una adolescente. Sin embargo, hete aquí que aquellos que dicen colocar en lo más alto de su agenda política la lucha contra la violencia que padecen las mujeres, se resisten con miserables excusas a reformar una legislación que permite irse a su casa a los menores que violan a unas niñas. La disculpa, que repiten cual serenos papagayos los voceros oficiales y oficiosos del PSOE, amén de otros partidos, es que no debe legislarse "en caliente". Se ha dejar, dicen, que el efecto emocional remita, que se pose la indignación social, a fin de tomar medidas con tranquilidad, si es que hay que tomar alguna. Cuánta basura intelectual para cubrir las incoherencias del discurso feminista del socialismo.
Aún está reciente el calentamiento que precedió a la promulgación de la Ley contra la Violencia de Género. Manifestaciones, actos y protestas rodearon aquel proceso. La sociedad debía de tener presente cada día la espantosa lacra. España no podía aguantar un minuto más sin aquella ley. Una hora en ausencia de tal legislación podía añadir una nueva víctima. Era asunto de la máxima e imperiosa urgencia. Huelga decir que la tórrida campaña se hacía para mayor gloria del Gobierno Zapatero. Para que el presidente apareciera, una vez aprobada la ley, como el gran defensor de las féminas. Logrado ese efecto, las víctimas de la violencia doméstica han seguido cayendo sin que el ambiente alcanzara aquellas temperaturas.
Qué contraste ahora con las violaciones. No hay urgencia de ninguna clase. Al contrario, las señoras del PSOE nos conminan a enfriarnos y relajarnos. Vices y ministras mantienen un silencio prudente y desusado, y Zapatero, el justiciero de las mujeres, calla. ¿Será que las violaciones y más las perpetradas por menores no son "violencia de género"? Quién sabe. Habrá que preguntárselo a los y las socialistas. Que definan, si pueden, el género del delito de género. Que acoten hasta qué punto los sagrados derechos del menor están por encima del simple derecho de las mujeres a que sus violadores sean castigados. Ah, pero no se trata de castigar, sino de rehabilitar. Qué diferencia con los casos etiquetados como "violencia de género". Ahí se castiga y duro.
Ser sueco significa de nuevo ser admirado. Suecia es "la sociedad más exitosa que el mundo jamás ha conocido", declara el periódico de izquierda The Guardian; "los suecos lideran las reformas en Europa", declara el periódico pro libre mercado Financial Times; sólo el modelo nórdico "combina tanto equidad como eficiencia", explica un reporte reciente de la Comisión Europea.
En un contencioso debate europeo marcado por la hostilidad, las manifestaciones y el desasosiego, Suecia parece ser una apuesta segura: neutral, poco controvertida y sin opositores naturales. Suecia es un test de Rorschach: la Izquierda ve un Estado Benefactor generoso y la Derecha ve una economía abierta que pide desregulación en la Unión Europea. La única cosa en que los reformistas británicos y los proteccionistas franceses pudieron estar de acuerdo en la cumbre de la UE en Bruselas de Marzo fue que Europa podría aprender de la combinación de provisiones sociales generosas y una economía de alto crecimiento del modelo escandinavo. Suecia es percibida como la proverbial "tercera vía", al combinar la apertura y creación de riqueza del capitalismo con la redistribución y la red de seguridad del socialismo. Es el mejor de ambos mundos.
Pero las cosas en Suecia no están tan bien como sus promotores quisieran creer. Desde hace mucho tiempo el parangón de la socialdemocracia, el modelo sueco, se pudre por dentro. Irónicamente, el fundamente social y económico único que permitió a Suecia en primer lugar construir su edificio político –y que le vuelve un modelo tan difícil de emular por otros países– ha sido críticamente debilitado por el sistema que ayudó a crear. Lejos de ser una solución para los nuevos países enfermos de Europa, Suecia debe enfrentar retos serios y fundamentales en el centro de su modelo social.
Los orígenes del Estado de Bienestar
Decir que otros países deberían emular el modelo social sueco es tan útil como decirle a una persona de aspecto promedio que debe tener la belleza de una supermodelo sueca. Hay circunstancias especiales y unos ciertos antecedentes que limitan la habilidad de imitar. En el caso de la supermodelo, se trata de genética. En el contexto de modelos económicos y políticos, se trata de las bases históricas y culturales.
Gunnar y Alva Myrdal fueron los padres intelectuales del Estado Benefactor sueco. En los años 30 llegaron a considerar que Suecia era el candidato ideal para un sistema estatal que ofreciera seguridad de la cuna-a-la-tumba. En primer lugar, la población sueca era pequeña y homogénea, con altos niveles de confianza entre la gente y en el gobierno. Debido a que Suecia nunca tuvo un período feudal y el gobierno siempre permitió algún tipo de representación popular, los agricultores propietarios se acostumbraron a ver a las autoridades y al gobierno más como una parte de la gente que como enemigos externos. En segundo lugar, el servicio civil era eficiente y libre de corrupción. En tercer lugar, una ética protestante de trabajo –y fuertes presiones sociales de la familia, los amigos y los vecinos para encajar en esa ética– significaba que la gente trabajaría duramente, incluso si los impuestos se elevaban y la asistencia social se expandía. Finalmente, el trabajo sería muy productivo, dada la población bien educada de Suecia y su fuerte sector exportador. Si el Estado Benefactor no funcionaba en Suecia, los Myrdal concluyeron, no funcionaría en ninguna parte.
La historia de éxito económico de Suecia empezó a fines del siglo 19, luego de un cambio político fundamental hacia los mercados libres y el libre comercio. Los comerciantes suecos podían exportar hierro, acero y madera, y los empresarios crearon innovadoras empresas industriales que se volvieron líderes mundiales. Entre 1860 y 1910 los salarios reales de los trabajadores industriales crecieron en un 25% por década, y el gasto público en Suecia no rebasó el 10% del PIB.
El Partido Social Demócrata llegó al poder en 1932 y ha gobernado Suecia 65 de los últimos 74 años. Se dieron cuenta rápidamente que un partido basado en la lucha de clases no podría mantenerse en el poder en Suecia. En lugar de eso, se volvieron en un partido de la clase media creando sistemas de seguridad social que otorgaron los beneficios más altos en jubilaciones, desempleo, maternidad y enfermedad a aquellos con mayores salarios. (La mayoría de beneficios eran proporcionales al monto pagado, de modo que la rica clase media tuviera un interés en apoyar el sistema.) Era una política de socialización por el lado del consumo: el gobierno no tomaría control de los medios de producción, pero cobraría impuestos a los trabajadores, en forma de impuestos al consumo y a la renta, para proveer beneficencia. Era mercados y competencia para las grandes empresas y Estado Benefactor para la gente. Aún así, en un año tan tardío como 1950 el peso total de los impuestos no eran mayor al 21% del PIB, más bajo que en los Estados Unidos y Europa Occidental.
Esto significó que los socialdemócratas estén ansiosos de complacer a la industria y no permitir que la agenda social interfiera con el progreso de la economía. El libre comercio era siempre la regla. Las regulaciones que se introdujeron fueron adaptadas para beneficiar a las industrias más grandes; por ejemplo, los salarios fueron equiparados, pero con el propósito de mantener los salarios bajos en las empresas grandes, mientras que las empresas pequeñas y menos productivas fueron forzadas así a cerrar. Los sindicatos, por su parte, eran relativamente favorables a la destrucción creativa del capitalismo, así que permitieron que viejos sectores como las granjas, los astilleros y los textiles desaparecieran siempre y cuando se crearan nuevos empleos.
Estas políticas, y el hecho de que Suecia se mantuviera al margen de las dos guerras mundiales, significaron que la economía obtuviera resultados asombrosos. Suecia era rica: en 1970 tenía el cuarto ingreso per cápita más alto del mundo, de acuerdo con estadísticas de la OCDE. Pero en este punto los socialdemócratas se empezaron a radicalizar, con las arcas llenas por las grandes empresas y los líderes llenos de ideas de las últimas tendencias izquierdistas internacionales. La asistencia social fue expandida y el mercado laboral se volvió altamente regulado. El gasto público casi se duplicó entre 1960 y 1980, elevándose del 31% al 60% del PIB.
Ese fue el momento en que el modelo empezó a tener dificultades. De 1975 al 2000, mientras que el ingreso per cápita creció en un 72% en los Estados Unidos y 64% en Europa Occidental, el de Suecia creció en no más del 43%. Para el año 2000, Suecia había caído al lugar 14 en el ranking de la OCDE sobre ingreso per cápita. Si Suecia fuera un estado en los Estados Unidos, sería el quinto más pobre. Como el ministro de finanzas socialdemócrata Bosse Ringholm explicó en 2002, "si Suecia hubiera tenido las mismas tasas de crecimiento que el promedio de la OCDE desde 1970, nuestros recursos comunes hubieran sido tan altos que sería el equivalente a 20.000 SEK (coronas suecas, es decir 2.500 dólares) más por hogar, mensuales"
Demasiado bueno
La fuente del problema era la ironía fatal del sistema sueco: el modelo erosionó los principios básicos que volvieron viable el modelo en primer lugar.
El servicio civil es un ejemplo portentoso de este fenómeno. La eficiencia del servicio civil significaba que el gobierno podría expandirse, pero esta expansión empezó a dañar su eficiencia. De acuerdo a un estudio de 23 países desarrollados del Banco Central Europeo, Suecia ahora obtiene el menor servicio por dólar gastado del gobierno. Suecia aún tiene unos resultados impresionantes en sus estándares de vida (como de hecho ya hacía antes de la introducción del Estado Benefactor en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial), pero de ninguna manera lo que uno esperaría de un país con los niveles de impuestos más altos del mundo, actualmente en el 50% del PIB. Si el sector público fuera tan eficiente como el de Irlanda o Gran Bretaña, por ejemplo, el gasto podría ser reducido en un tercio por el mismo servicio. La Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regiones informa de que los doctores suecos atienden a cuatro pacientes al día en promedio, una reducción del promedio de nueve que tenían en 1975. Es menor que en cualquier otro país de la OCDE, y menos que la mitad del promedio. Una razón es que un doctor sueco consume entre el 50% y 80% de su tiempo en trámites administrativos.
En el frente económico, el viejo sistema sueco de alentar inversiones en industrias grandes funcionó bien, siempre que hubiera poca necesidad de innovación. Una vez que eso ocurrió, sin embargo, el sistema se encontró en aprietos. La competitividad de la industria tuvo que ser manipulada varias veces devaluando la moneda. La globalización y la nueva economía del conocimiento y los servicios hicieron más importante que nunca el invertir en capital humano y en creatividad individual. Las tasas marginales de impuestos altas sobre los ingresos personales, sin embargo, redujeron los incentivos de los individuos para tomar riesgos y elevar el potencial de ingresos al invertir en su educación y habilidades, y volvió extremadamente difícil atraer trabajadores especializados desde el exterior.
Más aún, el modelo sueco dependía de la existencia de un pequeño número de grandes empresas industriales. Cuando aquellas disminuyeron en importancia o se movieron al exterior, Suecia necesitó algo que tomara su lugar. Pero las políticas que beneficiaban a las firmas más grandes crearon un déficit de pequeños y medianos negocios. Aquellos que sí existían no crecieron, en parte por los riesgos y costes de las asfixiantes reglas de empleo que prevenían el despido de trabajadores. En efecto, las compañías suecas más importantes son aquellas que aparecieron durante el período de laissez faire antes de la Primera Guerra Mundial; sólo una de las cincuenta empresas más grandes fue fundada después de 1970. Mientras tanto, los servicios que podían convertirse en nuevos sectores de crecimiento privado, como la educación y la salud, fueron monopolizados y financiados por el gobierno. En la medida en que fueron creciendo en importancia y tamaño, una parte creciente de la economía sueca se vio de ese modo aislada de las fuerzas de los mercados internacionales y de inversiones que podía haberla convertido en proyectos exitosos y productivos.
A inicios de los años 90 una recesión profunda forzó a Suecia abandonar muchos excesos de los 70 y 80. Las tasas marginales de impuestos fueron reducidas, el banco central fue convertido en autónomo, las pensiones públicas fueron reducidas y parcialmente privatizadas, los bonos escolares fueron introducidos y los proveedores privados fueron bienvenidos en el sector de la salud. Múltiples sectores fueron desregulados, como la energía, el servicio postal, el transporte, la televisión y -más importante aún- las telecomunicaciones, lo que abrió el camino para el éxito de empresas como Ericsson.
Pero Suecia mantuvo los impuestos más altos del mundo, sistemas de seguridad social generosos y un mercado laboral fuertemente regulado, lo cual dividió la economía: Suecia es muy buena produciendo bienes, pero no generando empleos. De acuerdo a un reciente estudio de 35 países desarrollados, sólo dos tuvieron crecimiento sin creación de empleos: Suecia y Finlandia. El crecimiento económico en Suecia en los últimos 25 años no ha tenido correlación alguna con la participación en el mercado de trabajo. (En contraste, un 1% de crecimiento aumenta el número de trabajos en un 0,25% en Dinamarca, un 0,5% en los Estados Unidos y un 0,6% en España.) Sorprendentemente, no se ha creado un solo empleo neto en el sector privado en Suecia desde 1950.
Durante la recesión de principios de los 90, Suecia tenía una tasa de desempleo cercana al 12%. La tasa oficial se ha reducido a la mitad desde entonces, pero la diferencia ha sido compensada por un incremento dramático de otras formas de absentismo. Por ejemplo, hay 244.000 trabajadores abiertamente desempleados en una población de 9 millones. Pero eso no incluye a 126.000 que trabajan en proyectos estatales de ayuda al desempleo (programas ampliamente fracasados diseñados para ayudar a las personas a adquirir las habilidades para encontrar un empleo) o los 89.000 buscadores de trabajo que reciben alguna forma de capacitación. Y existen otros 111.000 en "desempleo latente", es decir, gente que no ha sido definida como parte de la fuerza laboral pero que puede y quisiera trabajar. Si todos estos trabajadores se incluyen en el cálculo, la tasa de desempleo verdadera de Suecia sigue siendo de un 12%. (Aunque la cifras de desempleo de otros países, incluyendo las de los Estados Unidos, tampoco reflejan la tasa verdadera, el abanico sueco de proyectos financiados por el gobierno en trabajo y capacitación distorsionan los datos particularmente. Además, Suecia no incluye en sus cifras a los estudiantes que están buscando empleo, violando las normas internacionales al respecto.)
Lo que es más, la tasa de desempleo no dice nada acerca de otro problema laboral: el absentismo rampante. Los suecos son más saludables que casi cualquier otro pueblo en el mundo, pero también se ausentan por enfermedad más que casi cualquier otra nación en el planeta, de acuerdo a los datos disponibles. En el 2004, los beneficios por enfermedad absorbieron el 16% del presupuesto estatal, mientras que el absentismo por enfermedad se ha duplicado desde 1998. Con un beneficio por enfermedad de hasta el 80% del ingreso del receptor (dependiendo de su nivel de salario), no debe sorprender que haya una epidemia de absentismo. Más aún, cerca del 10% de la población en edad económicamente activa se ha retirado con beneficios por discapacidad. Un investigador del sindicato más importante, L.O., recientemente dejó su trabajo cuando no se le permitió publicar su estimación de que cerca del 20% de suecos están desempleados, ya sea abiertamente o en proyectos estatales de ayuda al desempleo, ausencia por enfermedad de largo plazo y retiro adelantado.
Inmigración y política
Suecia no tiene un salario mínimo oficial, pero los sindicatos con poder político fijan salarios mínimos de facto a través de la negociación colectiva. Ese salario mínimo de facto para los trabajadores en Suecia equivale al 66% del salario promedio en el sector de manufacturas, cuando es de apenas el 32% del mismo en los Estados Unidos. En términos económicos, esto significa que si usted es menos del 66% tan productivo como el trabajador sueco promedio de manufacturas –quizás porque no tiene habilidades, no tiene experiencia o vive en una zona remota– probablemente no encuentre un empleo. Cualquier compañía que le contrate estaría forzada a pagarle más de lo que usted es capaz de producir. Y si no logra nunca obtener un empleo, no obtendrá las habilidades y experiencia necesarias para mejorar su capacidad y productividad.
Los inmigrantes reciben el golpe más duro. Desde los inicios de los 80, Suecia ha recibido un gran número de refugiados de los Balcanes, Oriente Medio, África y Latinoamérica, lo que ha terminado con la homogeneidad del país. Hoy, cerca de un séptimo de la población en edad económicamente activa ha nacido en el exterior, pero esa proporción ni se acerca al nivel de empleo de los naturales del país. Suecia tiene una de las mayores diferencias del mundo desarrollado de participación laboral entre los nativos y los inmigrantes. Muchas familias inmigrantes están desmotivadas por la falta de perspectivas de empleo y terminan dependiendo de la caridad estatal.
Los problemas de desempleo a su vez resultan en segregación de facto. A pesar del escaso conflicto racial histórico, el mercado laboral está más segregado que en los EEUU, Inglaterra, Alemania, Francia o Dinamarca, países todos ellos con historias raciales mucho más problemáticas que Suecia. Un informe del Partido Liberal (pro-mercado) antes de la elección 2002 mostró que más del 5% de todos los distritos en Suecia tenían niveles de empleo de menos del 60%, con tasas de criminalidad mucho más altas y resultados escolares inferiores que en otras zonas. El número de distritos segregados ha continuado en aumento. En algunos barrios, los niños crecen sin ver jamás a nadie que salga hacia su trabajo por la mañana. Se forman bolsas de desempleo y exclusión social, especialmente en áreas con muchos inmigrantes no-europeos. Cuando los suecos ven que tantos inmigrantes viven del gobierno, su interés en contribuir al sistema disminuye.
Como en otras partes de Europa Occidental, la segregación de zonas de inmigrantes lleva al aislamiento, el crimen y en algunos casos, al radicalismo. El año pasado, Nalin Pekgul, el director kurdo de la Federación Nacional de Mujeres Socialdemócratas, explicó que fue forzada a mudarse de un suburbio de Estocolmo por culpa del crimen y el surgimiento del radicalismo islámico. El anuncio impactó a todo el sistema político. "Una bomba a punto de estallar" es una de las metáforas comúnmente utilizadas cuando se discute la exclusión social en Suecia.
Aquellos inmigrantes que mantienen su espíritu empresarial intacto, a menudo se lo llevan a otra parte. Cientos de somalíes e iraníes desempleados dejan Suecia cada año y se mudan a Gran Bretaña donde con frecuenta tienen más éxito en encontrar trabajo. El contraste de experiencias puede ser abrumador. El historiador económico sueco Benny Carlson recientemente comparó las experiencias de los inmigrantes somalíes en Suecia con las de los inmigrantes somalíes en Minneapolis, Minnesota. Sólo un 30% tenía un trabajo en Suecia, la mitad que en Minneapolis (60%). Y existen alrededor de 800 negocios manejados por somalíes en Minneapolis comparados con sólo 38 en Suecia. Carlson citó a dos inmigrantes que resumieron entre ambos esa disparidad. "Aquí hay oportunidades", decía Jamal Hashi, que dirige un restaurante africano en Minneapolis. Su amigo, que había emigrado a Suecia, contaba una historia bien diferente: "Te sientes como una mosca atrapada bajo el vidrio. Tus sueños se destrozan".
Ya no un modelo
Así es que si los Myrdal tenían razón cuando dijeron que si el Estado Benefactor no podía funcionar en Suecia, no podría funcionar en ninguna parte, ¿qué significa que el sistema sueco haya fallado? La respuesta resulta obvia.
El modelo sueco ha sobrevivido durante décadas, pero la verdad es que su éxito fue construido sobre el legado de un modelo anterior: el período de crecimiento económico y desarrollo anterior a la adopción del modelo socialista. Es difícil concebir cómo otros países –especialmente los sistemas en crisis de Europa Occidental tan ansiosos de adoptar el enfoque sueco, pero que carecen de los componentes necesarios para un Estado Benefactor señalados por Gunnar y Alva Myrdal– puedan lidiar con un Estado Benefactor similar. Países más grandes y más diversos, con una fe más débil en el gobierno y más sospecha hacia otros grupos humanos verían al menos una tendencia más fuerte a abusar del sistema, trabajar menos y aprovecharse de la asistencia social. Los Estados Unidos y buena parte de Europa Occidental enfrentan desafíos de inmigración al menos tan grandes como los suecos.
La economía se ha recuperado desde la recesión de los 90 y las reformas que le siguieron –en contraste con las estancadas economías continentales– principalmente gracias a un puñado de empresas globalmente exitosas. Pero el problema es que una parte creciente de la población está quedándose fuera del proceso y las antiguas actitudes sobre el trabajo y el emprendimiento se están diluyendo. Desde 1995 el número de emprendedores en la Unión Europea ha aumentado en 9%; en Suecia ha disminuido en 9%. Casi una cuarta parte de la población en edad productiva no tiene un trabajo al cual acudir cada mañana, y los sondeos muestran una dramática falta de confianza en el Estado Benefactor y sus reglas.
El sistema de impuestos altos y beneficios estatales generosos funcionó durante tanto tiempo debido a que la solidez de la tradición de autosuficiencia. Pero las mentalidades tienen una tendencia a cambiar cuando cambian los incentivos. El aumento de los impuestos y de los beneficios castigó el trabajo duro e incentivó el absentismo. Los inmigrantes y las generaciones jóvenes de suecos se han encontrado con los incentivos distorsionados y no han desarrollado la ética del trabajo que florecía antes de que los efectos del Estado Benefactor empezaran a erosionarla. Cuando otros se aprovechan del sistema sin sufrir consecuencias negativas por ello, muy pronto usted es considerado un tonto si se levanta temprano cada mañana y trabaja largas jornadas. De acuerdo a los sondeos, cerca de la mitad de todos los suecos ahora creen que es aceptable llamar al trabajo para notificar una ausencia por enfermedad por razones que no sean una enfermedad real. Cerca de la mitad cree que pueden hacerlo cuando alguien en la familia no se siente bien, y casi la misma proporción piensa que pueden hacerlo si hay demasiado que hacer en el trabajo. Nuestros ancestros trabajaban incluso cuando estaban enfermos. Hoy en día, faltamos por "enfermedad" incluso cuando nos sentimos bien.
La verdadera preocupación es que Suecia y otros estados providencia han alcanzado un punto donde es imposible convencer a las mayorías de cambiar el sistema, a pesar de sus pésimos resultados. Obviamente, si usted depende del gobierno, dudará en reducir su tamaño y coste. Una clase media con pocos márgenes económicos se vuelve dependiente de la seguridad social. Eso fue el plan de Bismarck cuando introdujo un sistema que volvería a aquellos que dependan de él "más contentos y mucho más fáciles de manejar".
Tarde o temprano, los políticos empiezan a identificar un nuevo segmento de votantes: aquellos que viven a expensas de los demás. Un ex ministro de Industria socialdemócrata explicó recientemente cómo son las reuniones de su partido en el norte de Suecia: "un cuarto de los participantes tenía permiso para ausentarse del trabajo por enfermedad, un cuarto tenía beneficios por discapacidad y otra cuarta parte estaba desempleada".
Esto crea un círculo vicioso. Con impuestos altos, los mercados y las comunidades voluntarias son desplazados, lo que significa que cada nuevo problema necesita hallar una solución gubernamental. Si el cambio se vuelve algo demasiado difícil, una gran parte del electorado se interesada más en defender buenas condiciones para el desempleo y la ausencia por enfermedad que en crear oportunidades para el crecimiento y el empleo. Y eso ocurre así incluso si se tiene un empleo. Si las regulaciones hacen difícil encontrar un nuevo trabajo, se preocupará más por perder el que tiene ahora y verá las sugerencias de desregular el mercado laboral como una amenaza. Las entrevistas de la OCDE muestran que los muy bien protegidos trabajadores de Suecia, Francia y Alemania tiene mucho más miedo de perder sus empleos que los trabajadores en los menos regulados Estados Unidos, Canadá y Dinamarca.
En ese caso, la esclerosis crea una demanda pública de políticas que creen aún más estancamiento. Esto puede ayudar a explicar la falta de reformas en Europa, a pesar de todas las intenciones políticas. Mientras más problemas hay, más peligrosas parecen las reformas radicales al electorado: si las cosas están así de mal actualmente, dice esa idea, piense en lo mal estarían sin la protección estatal. Por ejemplo, parece que los votantes suecos ahora están dispuestos a sacar del poder al gobierno socialdemócrata este Septiembre. Pero eso sólo fue así cuando la oposición de centro-derecha abandonó las sugerencias más radicales –tales como una reforma laboral y la reducción de los beneficios de la seguridad social– que solían impulsar.
La reforma radical parece muy lejana. Pero por otro lado, así como la construcción paso a paso del Estado Benefactor lenta pero decisivamente redujo la predisposición a trabajar y el amor por la autosuficiencia, las reformas paulatinas para expandir la libertad de elegir y reducir los incentivos para vivir de otros pueden revivir estos valores fundamentales y aumentar el apetito para las reformas.
La competencia es sana. Este principio fundamental del libre mercado es de aplicación tanto en el ámbito privado como público. Por ello, todo intento por alcanzar una determinada armonización fiscal, ya sea a nivel de países o regiones, viola drásticamente tal enunciado. Si en algún momento los organismos supranacionales lograran imponer una presión fiscal homogénea en una determinada región, ésta, por norma, tendería a crecer con el paso del tiempo. Al menos, así nos lo muestra la experiencia de la historia. El poder tiende a aumentar inexorablemente sin barreras.
El proceso contrario consiste, precisamente, en mantener la existencia de políticas tributarias diferenciadas para que las entidades políticas compitan entre sí en la captación de recursos. Por desgracia, la actual lucha contra los refugios fiscales amenaza la vigencia de dicha competencia administrativa. Y es que, tal y como muestra un reciente estudio del Institut Constat suizo, la diversidad de modelos tributarios actúa como un contrapeso eficaz contra los impuestos elevados.
El citado estudio elabora un original índice de opresión fiscal en el que, mediante la medición de determinadas variables, indica qué países de la OCDE son los más benevolentes con los derechos de propiedad de los individuos. Suiza y Luxemburgo encabezan este particular ranking, ya que gozan de la "opresión fiscal más baja", seguidos de Austria y Canadá. Por el contrario, los estados más opresores son, por este orden, Italia, Turquía, Polonia, México, Alemania, Holanda, Bélgica, Hungría, Francia y Grecia. España se sitúa en la zona media de la tabla (puesto 17), con un índice "opresor" de 5 puntos.
El informe carga contra la lucha que las grandes potencias por eliminar los paraísos fiscales, e incide en que el objetivo último de esta guerra consiste en imponer impuestos comunes a nivel internacional. El ejemplo más claro es el de la UE. El Estado de Bienestar, implantado en la mayoría de los países desarrollados, es una bomba de relojería que, tarde o temprano, acabará estallando.
Los actuales niveles de recaudación hacen insostenible el sistema a largo plazo. El progresivo envejecimiento de la población, el aumento del gasto público y el incremento sustancial de la deuda gubernamental para combatir la crisis económica ensombrecen, aún más, la ya de por sí inviabilidad del modelo. La existencia de competencia fiscal entre países permite la evasión legal de capitales y empresas hacia países más benevolentes y tolerantes con sus ciudadanos.
Como es lógico, tales facilidades son percibidas como un gran obstáculo a la hora de subir impuestos de forma coordinada, tal y como pretende la actual elite política. La descentralización en esta materia es, pues, vital para proteger los derechos inalienables del hombre libre.
El exgolpista bolivariano, últimamente empeñado en devolver a su monigote en Honduras al frente del gobierno, ha creado un modelo de sociedad basado en ciertas premisas que los gobernantes de progreso deberían tener muy en cuenta para solucionar los problemas de sus respectivos países.
La tan traída reforma laboral, asunto sobre el que gobierno y los sindicatos españoles tienen una opinión opuesta a la patronal, es para Chávez un asunto menor para el que tiene una solución la mar de sencilla. Básicamente se trata de que los empleados no cobren las horas extra y, eventualmente, hacer que trabajen de forma voluntaria sin cobrar un sueldo más allá de lo que el empresario, y en última instancia el gobierno de forma subsidiaria, fijen como precio justo.
Para Chávez, las horas extra son un "vicio" (sic) que hay que erradicar. En efecto, también los trabajadores venezolanos tienen la fea costumbre de exigir el pago de los honorarios correspondientes a las labores realizadas fuera de su horario habitual, con el incremento fijado en los acuerdos colectivos. Esto de los convenios, que Chávez denomina "contratos colectivos", es otra lacra de las relaciones laborales que el mandatario venezolano desprecia profundamente, porque atacan al Estado, es decir, a la capacidad gubernamental de fijar de forma científica cuánto debe cobrar cada trabajador.
Los progres europeos, divididos entre los que se declaran fascinados por las conquistas bolivarianas y los que disculpan los "excesos" totalitarios de la revolución porque se realizan por una causa elevada (la implantación del socialismo), deberían reflexionar sobre su condición laboral si vivieran en un país gobernado al estilo de su ídolo sudamericano.
Y como todo lo que hace Chávez les parece estupendo, incluida su campaña brutal contra los medios de comunicación privados (285 emisoras de radio cerradas son su última conquista en este terreno), sería bueno que importaran a sus empresas el modelo venezolano suprimiendo los convenios colectivos, dejando de cobrar las horas extra y cediendo al empresario la facultad exclusiva de decidir sobre su salario.
Igual al principio es algo molesto, pero como ellos mismos suelen decir, lo harían por una buena causa. ¿O es que sólo los trabajadores de Venezuela van a tener derecho a disfrutar de tanta felicidad?
En alguna parte dejó escrito Cernuda que los dioses castigan a los hombres concediéndoles lo que les piden. Así el tripartito, y más allá del tripartito el catalanismo todo, que, inconsciente, ha vendido su feliz impunidad histórica a cambio de treinta monedas de plata. Aún no se han dado cuenta, pero perdida la coartada secular del "expolio fiscal" y su airado corolario –el "Espanya ens roba!"–, acaban de condenarse a contemplar su personal e intransferible mediocridad en el espejo cruel de la gestión cotidiana. Y es que, a partir de ahora, ya no valdrán más excusas victimistas, ni tampoco esa estomagante cantinela del agravio comparativo que hubimos de soportar durante el último cuarto de siglo. Con su generoso desprendimiento, una apocada divinidad menor los ha dejado desarmados, al fin desnudos y ya sólo a merced de su infinita incompetencia.
¿Qué harán ahora? Porque lo suyo, desde el principio, desde siempre, ha sido la agitación. De hecho, es lo único que saben hacer con mínima, aceptable pericia: acuñar agravios fantasmales, inventar peligros quiméricos y fabricar conflictos imaginarios con Madrit. Oh Madrit, esa siniestra metrópolis habitada por legiones de malvados que no duermen por las noches, siempre en vela buscando el mejor modo de mancillar a Cataluña. Gritar, excitar, movilizar, jamás hicieron otra cosa Macià, Companys y el resto de aquellos glorificados orates que provocaron la locura del 34 y, a la postre, la guerra civil. Gritar, excitar, movilizar, he ahí la suprema destreza de Jordi Pujol: veintitrés años enterrados en el apostolado obsesivo de la metafísica identitaria. Y luego, el tripartito: más de lo mismo pero sin el bachillerato.
¿Y las infraestructuras? ¿Y la conexión eléctrica con Francia? ¿Y el cuarto cinturón de Barcelona? ¿Y la línea 9 del Metro? ¿Y el trazado del AVE hasta la frontera? Ah, no, eso es prosaica gestión, asuntos menores, pura bagatela; algo que no va con ellos ni con la suprema misión emancipadora para la que los eligió el Destino. Además, ya se sabe, de que semejantes fruslerías no existan la culpa única la tiene Madrit, por mucho que la exclusiva competencia recaiga en la Generalidad. Mas celebrémoslo: al fin, disponen de sobrada financiación con tal de hundir la Sagrada Familia, sin duda, su próximo objetivo.
El nuevo modelo de financiación autonómica –el mismo que, como recordábamos ayer, había sido calificado apenas veinticuatro horas antes por el "líder" del PP como "frívolo", "profundamente antisocial" y como una "enorme chapuza" que traerá "inevitables consecuencias negativas para los españoles" y que ha "dejado a la mayoría de las comunidades autónomas en meros convidados de piedra"– ha sido aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera sin ningún voto en contra, incluyendo el de las comunidades gobernadas por el PP, que no sólo se han abstenido mayoritariamente sino que incluso algunas han votado a favor, como es el caso de Canarias y Ceuta.
Se consuma así el fraude y la enorme incoherencia que ayer temíamos y denunciábamos en estas mismas páginas al constatar que la contundente y justificada critica de Rajoy hacia ese sudoku iba acompañada, sin embargo, de una incoherente ambigüedad a la hora de señalar cuál iba a ser el sentido del voto de las comunidades en las que gobierna su partido. Su llamamiento a que cada autonomía defienda sus intereses trataba de ocultar su absoluta descoordinación a la hora de lograr que todas las gobernadas por el PP emitieran un voto negativo,algo coherente tanto con los principios que se supone defiende ese partido, como con las duras descalificaciones que merecidamente Rajoy había dirigido al modelo de financiación pactado por los socialistas con sus aliados separatistas.
Ante esta falta de coordinación y de liderazgo a la hora plantar cara al gobierno, Rajoy sólo pudo presagiar ayer por la mañana, pocas horas antes de la votación, que "suponía" que las comunidades gobernadas por el PP se abstendrían "porque no tienen claro algunos extremos y quieren seguir negociando con el gobierno". No sabemos que nos resulta más lamentable: si que el líder del PP sólo "suponga" cuál va a ser el sentido del voto de las comunidades en las que gobierna su partido; o que, sabiéndolo, diga que sólo lo "supone", por ser el sentido del voto sea el de la abstención; o que lo que horas antes era una "clara y enorme chapuza" de "inevitables consecuencias negativas para los españoles" pase a ser –en cuestión de horas– un acuerdo válido para "seguir negociando" que tan sólo requiere "aclarar algunos extremos". Eso, por no hablar de que nada impide votar negativamente a ese nuevo e irresponsable modelo de financiación y seguir negociando a partir de entonces.
En cualquier caso, no ha sido esta la intervención más lamentable de Rajoy. Su "batuta" como máximo dirigente del partido sólo se ha sacado a relucir para impedir que la Comunidad Autónoma de Madrid votara negativamente al nuevo modelo de financiación, única postura coherente con los principios del PP y con las criticas que el propio Rajoy le había dirigido. Es como si, incapaz de llamar al orden a unos barones regionales para que no hagan una política de taifas, Rajoy hubiera optado por corregir al único gobierno regional que, sin desatender los intereses de los madrileños, también ha tenido en cuenta los intereses nacionales en su conjunto. Aunque tal vez sea eso lo que le moleste: que dentro del PP sí exista una alternativa que ejerza el liderazgo sin complejos ante la indefinición o indiferencia hacia cuestiones políticas de calado que exhibe con orgullo la dirección "nacional".
Ya decíamos ayer que no sería la primera vez que el líder del PP dedica argumentadas criticas de fondo a ciertos proyectos del Gobierno que luego, a la hora de votar, se transforman en abstenciones, cuando no en votos favorables. Pero no olvidemos tampoco que por una abstención de UPN a unos Presupuestos Generales del Estado de Zapatero, no más perjudiciales para la nación que este modelo de financiación autonómica, este partido dejó de ostentar desde 2008 la representación del PP en Navarra.
En cualquier caso, bien sea por una falta de liderazgo de Rajoy ante sus propios barones regionales, bien sea por una deliberada estrategia de oposición de perfil bajo que no quiere ahuyentar a los nacionalistas, la dirección del PP ha hecho de una no menos impresentable abstención la única forma de simular cierta posición común en su formación. Ni siquiera bajando el nivel de oposición a ese mínimo denominador común lo ha conseguido Rajoy: sólo hace falta fijarse en el voto favorable de Ceuta y Canarias.
Por mucho que los representantes del PP en el Congreso voten en el futuro negativamente este acuerdo cuando sea remitido como reforma de ley al Parlamento –extremo que desde luego está por ver–, nada borrará el lamentable espectáculo de incoherencia que ha dado el partido de Rajoy. De hecho, tan sólo lo dejará más en evidencia.
Los sindicatos mayoritarios (dentro de su irrelevancia absoluta en materia de afiliación), tienen una fijación enfermiza, es decir socialista, con Esperanza Aguirre. Ese es un dato conocido que no vale la pena argumentar, pues las evidencias son palmarias. Pero la actuación del lobby conocido por "Comisiones Obreras" en el caso de la muerte de Rayan ha llegado a un nivel de cinismo que conviene replicar para que, al menos, los liberados que dirigen ese cotarro reparen en que la desfachatez sindicaloide también tiene sus límites.
Las muertes por errores graves de médicos y enfermeros se han producido siempre y, por desgracia, seguirán ocurriendo, si bien la mejora constante en la formación del personal y los avances tecnológicos en el material sanitario hacen que, por suerte, estas desgracias sean cada vez menos frecuentes.
Por eso, responsabilizar de una tragedia al responsable político es un despropósito que sólo puede obedecer al sectarismo de unos autotitulados representantes de los trabajadores, cuya principal misión, según llevan acreditando muchos años en Madrid, es acabar con el gobierno elegido democráticamente por sus ciudadanos, circunstancia ésta última que la izquierda no suele aceptar cuando el resultado no concuerda con sus deseos.
No obstante, aún dejando a un lado el hecho, obviado por los sindicalistas, de que la responsable del error humano es una trabajadora pública, contratada por un hospital igualmente público (dos circunstancias que legitimarían de por sí que la presidenta madrileña intente buscar nuevas fórmulas de gestión hospitalaria), siguiendo la lógica de CCOO podemos encontrar responsables mucho más directos que Esperanza Aguirre en la tragedia ocurrida con el bebé marroquí.
Si, como sostiene el brazo sindical de la izquierda política, la culpa de los males de la sanidad madrileña es de la falta de recursos invertidos en ella, hay un culpable de que eso esté ocurriendo en esa comunidad autónoma: José Luis Rodríguez Zapatero. Sólo hay que echar un vistazo a la inversión per cápita del Gobierno central en cada comunidad para comprobar que Madrid está a la cola en la clasificación (junto a Valencia, Murcia y Baleares, que ya es casualidad). En estas cuatro comunidades, el dinero que el Gobierno de Zapatero aporta para que los responsables autonómicos ejecuten sus competencias, entre ellas y muy especialmente la sanidad, no llega a cinco mil euros por cabeza, así que, puestos a buscar responsables, igual merece la pena empezar por La Moncloa.
Mas como tito Zapatero nos tiene atiborrados de millones para no dar un balido más alto que otro mientras España pulveriza todas las plusmarcas en destrucción de empleo, nosotros los sindicalistas nos dedicamos a hacer política contra la derechona.
Que lo sigan haciendo; ya estamos acostumbrados. Pero dejen la memoria de la criatura fallecida al margen de sus pasteleos.
