A propósito de la financiación catalana.

Entre los muchos errores en política económica que está cometiendo el presidente del Gobierno, uno de los más serios puede ser su empeño en aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica para tratar de contentar a los catalanes. Después de haber dado el visto bueno al Estatut, con esa cláusula por la cual el Estado tiene que destinar a Cataluña el mismo porcentaje de las inversiones públicas que representa el PIB catalán respecto del conjunto de la economía nacional, Zapatero quiso dar marcha atrás, presionado por los barones regionales de su partido y entonces se sacó de la manga un nuevo sistema de financiación autonómica. De esta forma, ZP se convirtió en prisionero de sus propias acciones y ahora no se atreve a incumplir nuevamente su palabra ante el temor de ruptura del PSC con el PSOE. De ahí que lo que Zapatero pretende poner sobre la mesa es un plan que ofrece un poco de dinero a casi todos para tratar de mitigar el hecho de que Cataluña, una de las regiones más ricas de España, se va a llevar la parte del león.

Basta este motivo para decir ‘no’ al nuevo sistema de financiación autonómica porque, con esa filosofía de fondo, rompe principios tan elementales y tan fundamentales para la cohesión de la Nación española como la solidaridad interterritorial. Conforme con él, aquellas regiones más pobres y atrasadas teóricamente son las que deben recibir más ayuda del Estado. Sin embargo, Zapatero va hacer justo lo contrario y va a dar más dinero a quien tiene más, lo cual es ilógico para un partido que se dice socialista y que pretende buscar la igualdad. Pues lo que va hacer es consagrar y ampliar las desigualdades entre regiones.

Cataluña tiene el gasto público por habitante más alto de toda España, un dinero que, en muchos casos, no se ha empleado precisamente en mejorar el bienestar de los ciudadanos a través, por ejemplo, de la ampliación y modernización de las infraestructuras públicas, como viene haciendo Madrid desde hace años con sus presupuestos. Por el contrario, los distintos Ejecutivos catalanes están dilapidando sus recursos en cosas tan absurdas como abrir embajadas por todo el mundo o comprar Spanair, una compañía aérea en quiebra, con tal de tener una aerolínea de bandera catalana, cueste lo que cueste porque de una u otra forma ya lo pagará el resto de España, cuando no a potenciar el clientelismo político. A ello se suma que la política de inmersión lingüística y los pasos hacia el separatismo que está dando el tripartito catalán están echando a las empresas de la región, con lo que Cataluña está recaudando menos impuestos de lo que esperaba y gastando mucho más de lo que se puede permitir. Lo lógico en estas circunstancias sería que la Generalitat se dejara de hacer tonterías y recortara sus gastos para poder equilibrar sus cuentas. Pero Montilla, Carod Rovira y demás no están por la labor y quieren más y más dinero para alimentar al insaciable Leviatán catalán, que nunca tiene bastante.

Como argumento para justificar su posición alegan que durante los años de Gobierno del PP se invirtió más en Madrid que en Cataluña, olvidando que mientras el Estado construía autopistas en territorio catalán y modernizaba Barcelona de cara a las Olimpiadas del 92 donde no invertía era en Madrid. De la misma forma olvidan que buena parte de la ampliación y modernización de la red de infraestructuras madrileña está financiándose con el presupuesto autonómico, no con fondos estatales. La Generalitat debería hacer lo mismo y, si no cuenta con recursos suficientes para ello, entonces que redefina sus prioridades de gasto, o que suba los impuestos a los catalanes o, simplemente, que entienda que no se puede tirar el y pretender, al mismo tiempo, disfrutar de infraestructuras mejores porque no hay recursos suficientes. Por ello también hay que decir ‘no’ al nuevo modelo de financiación autonómica.

Por último, hay un tercer elemento de suma importancia a tener en cuenta. Estamos inmersos en la que posiblemente es la crisis económica más grave de la historia moderna española, que está disparando el déficit presupuestario y la deuda pública, en parte por la propia crisis, en parte por la mala gestión de la misma que está llevando a cabo Zapatero. En estas circunstancias, hay que apretarse el cinturón. Sin embargo, las autonomías no están por la labor y dicen que lo haga el Estado. La salida de la crisis, empero, compete a todos los niveles de la Administración, autonomías incluidas. Por ello, ese dinero debería destinarse a reducir el déficit y la deuda, o a bajar impuestos, en lugar de transferirlo a unos Ejecutivos regionales insolidarios que van a malgastarlo, al tiempo que, con ello, van a impedir que desde el Estado puedan llevarse a cabo políticas de alcance nacional para combatir la crisis.

El nuevo modelo de financiación autonómica, en resumen, responde a las necesidades crecientes de la Generalitat de Cataluña de alimentar el Leviatán que ella misma ha ido creando a lo largo del tiempo. Sin embargo, ese es su problema y el resto de España no tiene por qué pagarlo.