La Jauría

Día sí y día también arrecian las amenazas de los líderes catalanistas contra el Tribunal Constitucional ante la inminente sentencia sobre el Estatut. Así, en un alarde intimidatorio que dejaría boquiabierto de admiración al mismísimo Hugo Chávez, los avisos y advertencias al alto tribunal han devenido rutina cotidiana en Barcelona. Cuando no es José Montilla, a la sazón máxima autoridad del Estado en la plaza, quien trata de deslegitimar a los magistrados negándoles la potestad misma de alterar el contenido de esa norma, es Artur Mas quien invoca nada menos que la desobediencia civil en caso de que no obedezcan sus estrictas órdenes de abstenerse sobre la materia.

A tal extremo de impúdica desvergüenza llega el acoso que la Esquerra ya exige al Gobierno que ordene prevaricar a sus magistrados, esos presuntos peleles de Zapatero que integran el llamado sector progresista. Ríase el lector del escrupuloso respeto hacia los principios del Estado de Derecho que rige en Honduras: aquello es la Atenas de Pericles al lado del gangsterismo institucional que se predica en la Plaza de San Jaime. Y es que, ciertamente, la democracia española está en peligro, pero no por esa tontería de los trajes de Camps, como augura absurda la Cospedal, sino por el cerco feroz al que se ve sometida la suprema instancia jurisdiccional de la Nación.

A ese respecto, la guinda acaba de ponerla el presidente de la Generalidad con una solemne cogitación más propia de Teodoro Obiang que de Churchill. "El Estatut es un pacto político. Y los pactos políticos no los pueden tumbar los tribunales", sostiene el Muy Honorable. Acabáramos, el Estatut levita intocable por encima de la Ley porque... no es una ley. Ahí queda eso, para que luego digan que en el bachiller de ahora no se aprende nada. Así las cosas, únicamente falta que Maria Emilia Casas se tope cualquier día de estos con una cabeza de burro catalán entre las sábanas de su alcoba al ir a acostarse. Si es que aún no se la han enviado, claro.

De ese modo, mientras los demás andamos entretenidos con bobaditas de sastres y bolsos, obsesivo, pertinaz, implacable, constante el asedio de la jauría contra el último pilar del Estado que aún sostiene la renqueante legalidad constitucional continúa.

¿Se Podría Haber Hecho Peor?

Nunca uno de los países que con más intensidad iba a sufrir una de las crisis económicas más duras de la historia debería haber elegido como presidente del Gobierno a un tipo que se enorgullecía de desconocerlo todo sobre economía: de la A a la Z. Nunca debería haberlo hecho a menos que quisiera suicidarse, que quisiera condenar a sus hijos y a los hijos de sus hijos a la mediocridad cuando no a la miseria.

Pero lo hizo. Es el típico drama de la fagocitación del sistema capitalista por las democracias populistas como la española: el sistema económico con mayor capacidad para generar riqueza y para elevar el bienestar de las masas es parasitado por el sistema político que de manera más sibilina genera una mayor cantidad de pobreza.

Ante cualquier dificultad económica, la parte de la sociedad más pobre siempre apoyará a los partidos políticos que prometan ayudarla a costa de los más ricos. Al fin y al cabo, su estilo de vida variará poco: el Estado puede asumir durante un tiempo el coste que suponían sus salarios. Lástima que para ello haya que matar a la gallina de los huevos de oro; una gallina que podrá dar mucha carne pero que se terminará acabando. A partir de ese momento, estancamiento, decadencia y a malvivir. Pero ¿quién relacionará entonces que la miseria de hoy es consecuencia del intervencionismo de ayer? En todo caso se culpará al ruin capitalismo, incapaz de crear riqueza si no es explotando a lo más pobres: incluso en los cementerios socialistas hay razones para pedir más cadenas.

Es un drama, sí, y un drama que gracias a Zapatero nos ha tocado vivir. La manera en la que el PSOE ha combatido la crisis difícilmente podría ser más desafortunada:

• Acto primero, negacionismo y pasividad: La economía necesitaba que le facilitaran el reajuste y se cerraron en banda. Zapatero pretendió seguir navegando con un barco que hacía aguas por todos lados sin ni siquiera tratar de taponar los agujeros.
• Acto segundo, aguantar el chaparrón a golpe de chequera: La rígida economía española responde con reestructuraciones bruscas y Zapatero se niega a facilitar los cambios. En su lugar, prefiere tirar de gasto y deuda para que nadie note que la existencia de la crisis y sigan viviendo como si no la hubiera. El barco se hunde y sólo nos proporciona unas bombonas de oxígeno para aguantar unos minutos más bajo el agua.
• Acto tercero, volver a la realidad: La deuda es caprichosa. Tiene una característica en la que los gobernantes piensan poco hasta que les toca declararse en bancarrota; tarde o temprano hay que devolverla. Nadie nos presta el dinero para que no se lo repongamos (con intereses), por lo que conforme aumentan las dudas sobre nuestra solvencia, el grifo se va cerrando. La economía sigue sin reajustarse, el manantial del gasto se va secando y sólo queda subir impuestos. Bajo el agua sin oxígeno, hay que aguantar el peso de las bombonas, por lo que los náufragos españoles tratan de endosárselas los unos a los otros y de salir a la superficie pisoteándose sin miramientos.

Muchos dijimos que las medidas para combatir la crisis eran básicamente dos: liberalizar los mercados para facilitar los ajustes y reducir el peso del Estado (impuestos y gastos) para incrementar los recursos a disposición del sector privado. No nos hicieron caso o, más bien, nos hicieron caso para llevar a cabo todo lo contrario: misma rigidez y más gasto público.

No por casualidad, la economía sigue sin responder y con un estado cada vez más crítico sólo queda asestarle el último golpe: subir impuestos a los ricos para que se escapen con sus capitales del país y nos quedemos con una sociedad cada vez más proletarizada, esto es, una sociedad donde nadie dispone de ahorros para invertir y crear nueva riqueza y donde hemos de devorarnos entre nosotros.

Con cinco millones de parados nos vamos a poner a subir impuestos para comenzar a pagar parte de los millonarios despilfarros que nuestra clase política ha acometido en los últimos meses. Esa es la estampa de un país con un futuro cada día más negro y al que siguen machacando con aberrantes políticas contra el sentido común económico.

Consulta del gallego...¿Y ahora qué?

El presidente gallego, en cambio, parece tener una confianza muy limitada tanto en el orden constitucional como en la sensatez de los ciudadanos, no de otra forma cabe explicarse que haya sometido a una especie de referéndum la necesidad de modificar la legislación educativa aprobada por su antecesor, el socialista Touriño en compañía de su socio Quintana, ambos eliminados por el desagüe de la política tras el brillante batacazo electoral del pasado mes de marzo.

Pero si Núñez Feijoo creía que la encuesta realizada a los padres gallegos va a darle una mayor legitimidad para introducir las reformas que prometió en la pasada campaña electoral, mucho me temo que el resultado no va a coincidir con sus deseos. Y es que mientras los gobiernos se encarguen de "planificar" la educación a despecho de las decisiones individuales de los padres de los alumnos, siempre habrá un número importante de afectados que verán suprimido su derecho a elegir. Y ya hemos comprobado la capacidad de victimismo y agitación de los nacionalistas cuando resultan perjudicados por una decisión democrática.

El problema se resolvería devolviendo a los ciudadanos las competencias que los distintos gobiernos se arrogan en exclusiva, como el tipo de sanidad o educación que quieren recibir. En este segundo caso serían las decisiones individuales de los padres con hijos en edad escolar lo que ordenaría el mapa educativo, que es lo que pide la admirable organización cívica Galicia Bilingüe, y no al revés, como ocurre ahora. Es la administración la que debe someterse al criterio de los contribuyentes libremente expresado y no al contrario. Los políticos, como empleados nuestros que son (y además con contrato temporal), deben dar la máxima libertad a los que les pagamos el sueldo y limitarse a cumplir con nuestras exigencias.

Sólo falta que los jefes de los gobernantes, es decir usted y yo, decidamos que hay cosas en las que un empleado no se debe meter jamás. Igual algún siglo de estos lo conseguimos.

De Madoff a Hernández Moltó

"A río revuelto, ganancia de pescadores", debieron pensar Zapatero, Obama y cuantos socialistas más que durante años se hubieran rendido a la aparente y falsa evidencia de que su odiado capitalismo y su más detestada especulación creaban riqueza para las masas. Nunca dijeron ni pío sobre los pies de barro y las inestabilidades de ese crecimiento inflacionista, por mucho que quienes sí defendían y comprendían los libres mercados –como los economistas de la Escuela Austriaca– llevaran décadas denunciando las debilidades de un sistema que sólo forzando el lenguaje cabía calificar de liberal.

Por ello, cuando la torre de Babel crediticia construida durante un lustro por los bancos centrales y sus sucursales privadas comenzó a derrumbarse de manera acelerada, la izquierda resentida debió frotarse las manos. Ni entendían por qué no había caído antes ni entendían por qué caía ahora, pero al fin y al cabo tenían una oportunidad de oro para denunciar los excesos del "neoliberalismo salvaje" y clamar por su regulación, esto es, por convertir lo que hasta entonces había sido un cortijo de la banca en un cortijo del Estado.

Así, durante los últimos meses hemos oído hablar hasta la saciedad de los males de la desregulación, del shadow banking, de la especulación desenfrenada, de la codicia inversora, de los altísimos salarios de los directivos, del retroceso de la política y de la necesidad de regresar a un modelo de banca más "tradicional". Algo así como el mito del buen salvaje pero aplicado al sistema financiero.

Ni una palabra, claro, del monopolio que ostentan los bancos centrales para emitir la moneda de curso forzoso y orientar los tipos de interés. Ni una palabra, faltaba más, de la imposición estatal de un dinero fiduciario que arrebata a los consumidores e inversores cualquier soberanía para oponerse a los excesos del lobby financiero y de la nomenclatura estatal. Cero, se ve que no tocaba.

Pues bien, hete aquí que en España, el país en el que el resto de la comunidad internacional parece querer fijarse para conformar las nuevas regulaciones, quiebra Caja Castilla-La Mancha y el resto de nuestros patrios Montes de Piedad están al borde de su bien merecida bancarrota.

No deja de ser un mito que nuestro sistema bancario haya resistido mejor que el resto los achaques de la crisis internacional. Más que nada porque hasta ahora ya ha recibido tanto dinero público como el estadounidense (y a buen seguro obtendrá sumas superiores en el futuro gracias a ese FROB tan dócilmente apoyado por el PP).

Pero con el caso Caja Castilla-La Mancha no sólo debería derrumbarse este mito. Hay una asimetría si cabe más perversa que sugiere que el sector privado es esencialmente corrupto y el público fundamentalmente pulcro. El mercado nos arrastra hacia la competencia feroz y la ley de la selva mientras que el Estado nos empuja hacia la cooperación y las mieles de la civilización. Implícitamente se sugiere que el Estado debería sustituir al mercado y que si en vez de la avaricia privada hubiésemos gozado de la solidaridad pública, ninguno de estos desaguisados se habría producido.

Sin embargo, tan sólo es necesario observar de qué manera se han comportado las cajas de ahorro durante las recientes fluctuaciones económicas para comprender cómo sería un mundo donde la banca estuviera controlada y dirigida por políticos. El paraíso con el que sueñan Zapatero y Obama, el de la banca pública, está aquí en España: amiguismo, corrupción, inversiones suicidas y créditos alocados. "Infracciones muy graves" que demuestran que el hombre y no el mercado es el codicioso y potencialmente mancillable. La diferencia está, o debería estar, entre otros asuntos básicos en que en un mercado libre los errores se pagan con la quiebra y los fraudes con la restitución de las víctimas; en un sistema público, con rescates, opacidad y más poder regulatorio para los políticos.

A la izquierda le ha resultado muy fácil aprenderse el apellido Madoff y recitarlo cual letanía liberticida cada vez que se le oponen argumentos económicos sensatos. No deberíamos olvidar a Hernández Moltó: más que un Madoff hispano es el primer, que no el último, Madoff del impoluto y honrado sector público.

El Escándalo de CCM

Un rasgo notable del sistema financiero más sólido del mundo consiste en aunar todo lo malo del capitalismo sin por ello retener nada de lo bueno del socialismo. Es eso que lo que los economistas llaman un "óptimo de Pareto", pero al revés; o sea, un tinglado definitivamente imposible de empeorar. Así, nacionalizar las pérdidas de la banca a mayor gloria del libre mercado, garantizando con desparpajo solemne a las grandes fortunas del Reino que los contribuyentes pagarán a escote su muy privada incompetencia, tiene mérito; y más, si el promotor del regalo presume de ser un rojazo tremendo.

Al tiempo, privatizar de facto las Cajas de Ahorros en nombre de la charlatanería solidaria al uso, tiene algo más: tiene delito. He ahí, paradigmático, el caso del compañero Juan Pedro Miremealacara Moltó, y su Caja de Pandora castellano-manchega. Y es que en la autopsia de la CCM que acaban de rubricar los forenses del Banco de España dispone Zapatero de las pruebas periciales contra el malvado neoliberalismo, culpable único de la crisis. Sin ir más lejos, ahí se certifica que el compañero Moltó concentró créditos por valor de setenta y seis mil millones de pesetas en tres familias, tres, de resecos castellanos de pro sedientos de liquidez. ¿Acaso cabe ser más liberal con el dinero del prójimo?

Y no vaya a barruntar el lector que terminó ahí la desprendida liberalidad del Bigotes de Bono. Qué va. Según ha revelado García Abadillo en El Mundo, el Adam Smith manchego demostró ser todo un señor con el dinero sobrante, uno de aquellos altivos caballeros decimonónicos que aún confiaban en la palabra de honor de un semejante. De ahí, sin duda, que el 82 por ciento de los grandes créditos de CCM hayan ido a parar a constructores y promotores inmobiliarios sin necesidad de que experto urbanístico alguno certificara el valor real de los terrenos que ofrecieron como garantía. Suerte que a Madoff no le dio por acercarse a Toledo en busca de financiación.

Así las cosas, bien sé que resultaría muy extremista proponer la privatización de los bancos privados españoles. ¿Pero también sería osadía excesiva, don Mariano, reclamar la socialización, es decir la devolución a la sociedad mediante venta en pública subasta, de las Cajas de Ahorros? No me conteste: ya conozco la respuesta.

Minutos Musicales.

http://www.youtube.com/watch?v=3DXCHa9BYfE

Este Decretazo Sí Que Lo Vamos A Pagar Caro.

España tiene uno de los mercados de trabajo más rígidos del mundo. Basta con echarle una mirada al Índice de Libertad Económica que elabora anualmente la Fundación Heritage para comprobar que nuestra legislación laboral es más intervencionista que la de países tan poco liberales como Pakistán, Liberia o incluso Zimbabue.

No es casualidad, por consiguiente, que España sea el país europeo con una mayor tasa de paro y que, pese a ello, el desempleo no deje de subir trimestre tras trimestre. Y es que las crisis económicas son épocas en las que la economía debe reajustarse para corregir las malas inversiones que han inducido los bancos centrales durante la etapa de expansión crediticia. Ese imprescindible reajuste pasa por dos vías: primero, que los factores productivos abandonen algunas ocupaciones para entrar en otras y, segundo, que aquellos precios de los factores productivos que estuvieran artificialmente inflados se reduzcan. De hecho, lo normal es que ambos procesos tengan una continuidad lógica: para que un factor productivo desempleado pase a utilizarse en una nueva industria, lo normal es que tenga que aceptar recortes en su salario.

La economía española es una experta a la hora de recorrer sólo una parte del camino: el factor productivo trabajo está siendo expulsado del mercado. El problema es que le falta la otra parte: que los desempleados encuentren una nueva ocupación. La manera de lograrlo pasa en buena medida por reducir los costes que los trabajadores suponen para las empresas que ya existen y, sobre todo, para las nuevas que deben crearse en otros sectores de la economía.

Así, por ejemplo, Paul Krugman, economista muy del agrado del presidente del Gobierno, sugirió en su visita a España que nuestro país tenía que rebajar los salarios alrededor del 15% para ser competitiva y volver a crecer. Aunque la cifra no tenga por qué ser ni mucho menos exacta, sí refleja un cierto consenso entre los economistas, incluso entre los keynesianos: precios y salarios deben descender porque durante la burbuja inmobiliaria vivíamos gracias al éxtasis crediticio muy por encima de nuestras posibilidades.

Según el Índice de Precios Industriales, los precios llevan varios meses cayendo en nuestro país alrededor del 5% y, sin embargo, el conjunto del coste salarial se encarece gracias a la terquedad negociadora de los sindicados en torno a un 4%. Dicho de otra manera, los empresarios españoles venden cada vez a menor precio una mercancía que les resulta más cara de producir: sus márgenes de beneficios se están derrumbando. Y el estrechamiento de márgenes empresariales no es precisamente la mejor manera para superar las crisis, ya que sólo significa un más empresas en quiebra, más EREs y más parálisis a la hora de contratar a unos carísimos trabajadores para producir una baratísima mercancía.

En esas estábamos cuando el Gobierno, obsesionado con lavar su imagen de saboteador de la economía española, ha tratado de forzar un acuerdo a tres parte con los mal llamados "agentes sociales" –sindicatos y patronal– para así transmitir la consigna de que no existe "otra política económica posible".

La patronal presentó un documento que si bien resulta discutible en muchos de sus puntos, tenía una propuesta sensata. Dado que el Gobierno está empeñado en no abaratar el despido y dado que los sindicatos no aceptan recortes en los salarios pese a que los precios están cayendo, la única forma que queda de reducir el coste de la contratación es rebajando las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social.

Pero parece que esto tampoco es del agrado ni del Gobierno ni de las centrales sindicales. Como si estuvieran anclados en el socialismo decimonónico, da la impresión de que desean que los "empresarios" soporten la totalidad de los quebrantos que ocasiona la crisis. No se dan cuenta de que sin empresas que ganen dinero, cada vez habrá un creciente número de trabajadores en el paro y también menos ingresos fiscales con los que pagar subsidios de desempleo.

Zapatero ha dado un golpe en la mesa y ha decidido finiquitar el diálogo social mediante un decretazo que, a diferencia del de Aznar, sí supondrá una grave perjuicio para la economía y, en última instancia, para los trabajadores españoles. No sólo no aprueba ninguna reforma que permita rebajar el coste de la contratación –favoreciendo que continúe la sangría empresarial y laboral– sino que alarga durante seis meses el subsidio de desempleo para aquellos trabajadores que se hayan quedado sin cobertura en unos momentos en los que el déficit presupuestario ya resulta del todo insostenible. En otras palabras, promueve tanto el aumento del paro como la quiebra del Estado. Difícilmente cabía un resultado más deplorable.

Ya va siendo hora de que los españoles se vayan dando cuenta de que tras la fachada social, progresista y dialogante del presidente del Gobierno sólo se oculta un déspota sonriente que no duda en preferir la bancarrota económica a reconocer que su recetario socialista –aprendido en apenas dos tardes– no sólo no sirve para contrarrestar las crisis sino que es uno de sus principales motivos. No hay derecho a que los prejuicios de un iluminado aceleren la pauperización de millones de familias. Siendo obsceno que Zapatero pueda decidir con qué condiciones debe redactarse un contrato laboral entre dos personas privadas, mucho más lo es que utilice ese poder impropio para perjudicar a toda la sociedad. Este decretazo sí debería pasar a la historia de España como uno de los más antisociales de cuantos hayamos padecido.