La norma para un gobierno que vive instalado en la mentira es que siga recurriendo a ella siempre que lo requiera. Pocos días después de que Zapatero prometiera que no habría más subidas de impuestos en 2009, la ministra de Economía, Elena Salgado, anuncia en El País que después del verano se revisarán algunas figuras tributarias de cara a 2010. No es que las subidas de impuestos vayan a sentirse en 2009, pero sí se aprobarán durante este ejercicio para que todo su peso caiga sobre nosotros apenas unos meses más tarde.
No había otra alternativa. Cualquier unidad o agente económico que tenga sus cuentas desequilibradas (que sistemáticamente gaste más de lo que ingrese) sólo tiene a largo plazo dos opciones: o reducir los gastos o incrementar los ingresos. A esta sencilla lógica económica, que cualquier gestor familiar conoce a la perfección, tampoco escapa la administración pública: o aumenta sus ingresos (más impuestos) o reduce sus gastos.
El Gobierno ha optado claramente por lo primero, esto es, por sufragar sus dispendios de nuevo rico castigando fiscalmente tanto como sea posible a unos ciudadanos que sí son conscientes de la necesidad de ajustarse el cinturón en sus finanzas personales. Es lo que tiene la ideología socialista: el Estado siempre va por delante de sus súbditos y oportunidades tan propicias como las crisis para expandir su poder (sus gastos y sus competencias) nunca deben desaprovecharse.
Sin embargo, a estas alturas debería quedar claro que incrementar el gasto público y los impuestos con la finalidad de prosperar es, como decía Churchill, similar a "un hombre con los pies en un cubo tratando de levantase estirando del asa". Lo que ahora mismo necesita la economía no es ni más gasto (sobre todo gasto corriente) ni más impuestos (sobre todo impuestos que graven el ahorro), sino todo lo contrario: una reducción muy considerable del presupuesto estatal en sus dos vertientes.
Es cierto que esta propuesta ha sido en ocasiones defendida con la boca pequeña por el Partido Popular, pero los socialistas siempre les reprochan, no sin cierta razón, que nunca indican partidas de gasto a eliminar más allá de epígrafes anecdóticos y de poca cuantía. Son los problemas del liberalismo simpático, que has de caerle en gracia incluso a los que te quitan la cartera para hacerte la vida imposible.
Nuestros prohombres, sin embargo, no tienen más que pasarse por el documento de los presupuestos de 2009 para encontrar algunas partidas que podrían eliminarse sin mayor quebranto para la población; y ni siquiera es necesario entrar en el debate de reducir sustancialmente el gasto social (aunque desde luego podría y debería hacerse).
Por ejemplo, por limitarnos a los gastos de mayor cuantía, el Ministerio de Medio Ambiente tiene asignados en 2009 cerca de 14.000 millones de euros; el de Innovación 8.000; el de Vivienda 1.600 y el de Cultura 1.500. Estos cuatro ministerios, cuya utilidad práctica para los españoles es nula y si acaso negativa, les cuestan a los ciudadanos la friolera de 25.000 millones de euros (más de 600 euros per cápita).
El ruinoso e inútil Plan E ha ascendido a 11.000 millones de dólares, las ayudas al desarrollo para el Tercer Mundo (es decir, a las oligarquías que tiranizan a sus habitantes) suponen unos 3.000 millones (casi el doble que todo el presupuesto del Ministerio de Justicia), las subvenciones a la reconversión industrial 2.000 millones, las subvenciones al transporte 1.000 millones de euros y el chequé bebe otros 1.000 millones. Dicho de otra manera, a los 25.000 millones anteriores se les puede sumar con toda tranquilidad otros 18.000 (de modo que su coste ya asciende a más de 1.000 euros per cápita).
Conviene, con todo, dejar para el final dos de las partidas más importantes como son los 33.000 millones que cobran los funcionarios de la Administración Central y los más 30.000 millones que deberán sufragarse este año en prestaciones de desempleo.
En cuanto a lo primero, por impopular que resulte, el PP ya tuvo en su primera legislatura que congelar el salario de los funcionarios para equilibrar sus cuentas (en 2009, con deflación, tal medida equivaldría a un recorte de sus salarios de donde podrían ahorrarse casi 2.000 millones de euros).
Y por lo que se refiere a lo segundo, si Zapatero no se empeñase en mantener una legislación laboral absolutamente rígida que se transforma en una máquina de destruir empleo, el importe de los subsidios sería mucho menor (para que nos hagamos una idea, para este año se presupuestaron 19.000 millones de euros, con lo que el gasto imprevisto superará a finales del ejercicio los 10.000 millones).
Quede claro además que todas esta cifras se refieren únicamente a la Administración Central, ya que luego se multiplican gracias a las autonomías y los ayuntamientos. Para hacernos una idea, los más de tres millones de funcionarios de todas las administraciones les cuestan al resto de españoles 120.000 millones de euros (unos 3.200 euros per cápita). ¿Cuánto dinero podríamos ahorrarnos eliminando sus partidas, innecesarias (como las televisiones públicas) similares y redundantes?
Parece claro que hay margen para estabilizar las cuentas públicas sin necesidad de incrementar los impuestos. El Estado tiene una enorme capacidad para ahorrar (simplemente arañando un poco en su superficie) y evitar trasladar sus dispendios a los españoles. El problema es, claro, que se puede pero no se quiere. Total, siempre pagan los mismos.
L.D.
No hay comentarios:
Publicar un comentario