miércoles, 15 de julio de 2009

Rajoy,un veradero fraude.


"Profundamente antisocial", una "frivolidad", un "caos", una "enorme chapuza" que traerá "inevitables consecuencias negativas para los españoles" y que "ha dejado a la mayoría de las comunidades autónomas en meros convidados de piedra". Estos son algunos de los duros calificativos que, con razón, el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha dedicado este martes al nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno de Zapatero ha consensuado con sus socios separatistas de ERC. Aunque no podemos más que suscribir estas criticas a un irresponsable modelo de financiación que no hace otra cosa que engrosar alarmantemente el déficit público y favorecer descaradamente a las comunidades donde el PSOE encuentra su principal granero de votos, nos resulta alarmante, incluso indignante, que acto seguido el líder del PP no haya dejado meridianamente claro el voto negativo de su partido a este irresponsable sudoku.

Bien está que Rajoy anime a las regiones gobernadas por el PP a defender sus intereses en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano que congrega al Gobierno y a todas las Comunidades Autónomas y que hoy miércoles debatirá la reforma de la financiación autonómica. Sin embargo, este llamamiento de Rajoy se transforma en un implícito respaldo a que cada taifa autonómica defienda exclusivamente lo suyo al no ir acompañado por una postura clara respecto al sentido negativo del voto que merece esta reforma tan justificadamente criticada. La reforma de la financiación autonómica no es un asunto exclusivamente regional. Afecta a la nación en su conjunto. Se supone que Rajoy lidera un partido que se reputa nacional. Son los intereses nacionales en su conjunto los que deben encajar la financiación de las diferentes autonomías. Ni los principios nacionales del PP ni el propio liderazgo de Rajoy pueden quedar supeditados a los exclusivos intereses de los barones regionales del partido, sobre todo cuando atacan los intereses del conjunto de los españoles. No es de recibo que, ante un nuevo modelo de financiación autonómica contra el que tantas y tan contundentes críticas le ha dirigido el líder del PP, haya comunidades gobernadas por este mismo partido que simplemente se abstengan, tal y como, sin desmentirlo nadie, han adelantado no pocos medios de comunicación.

Téngase en cuanta además que no sería la primera vez que el líder del PP dedica argumentadas criticas de fondo a ciertos proyectos del Gobierno que luego, a la hora de votar, se transforman en abstenciones, cuando no en votos favorables. Así ha ocurrido, por citar sólo un par de deplorables ejemplos, con el plan de rescate bancario o con el Plan E.

Esperemos que esta vez no ocurra lo mismo, por mucho que la ambigüedad y la ocultación del sentido del voto nos haga temer una nueva incoherencia por parte del Partido Popular. Lo que nos parece evidente es que de producirse esta, las criticas de "frivolidad", "irresponsabilidad", "chapuza" y "caos" no deberían tener a Zapatero como único destinatario. De momento, sólo Esperanza Aguirre está desarrollando un discurso nacional que defienda tanto la libertad de los españoles como los principios fundacionales del PP; si Rajoy no puede o no quiere seguir esta línea –la única que debería seguir una formación representante del centro-derecha español– tal vez significa que ha llegado la hora de retirarse de la escena política. Los españoles, y más particularmente los votantes del PP, no se merecen a un líder que haga dejación de sus funciones y cuyo único objetivo sea alcanzar La Moncloa asimilando todo lo que representa Zapatero: exactamente aquello contra lo que han votado sus diez millones de electores.

El Espejo en que Podemos Mirarnos.

A última hora, California trató de evitar la suspensión de pagos mediante pagarés basura, y eliminando partes importantes del Estado del Bienestar, pero la realidad ha sido muy tozuda.

Obviamente, la causa más inmediata del fracaso californiano ha sido el pinchazo de la burbuja inmobiliaria y de crédito que alimentó el boom de la economía de California durante los pasados años. Las restricciones crediticias y problemas de liquidez han ayudado a empujar a la quiebra al estado.

Sin embargo, llama la atención la escasa previsión de los encargados de elaborar los presupuestos públicos. Éstos sólo eran sostenibles en un contexto de burbuja económica y crecientes impuestos sobre la propiedad. Pensando que los años de vacas flacas todavía estaban lejos, no ajustaron sus presupuestos a la realidad, sino que siguieron apoyados en la ilusión financiera del boom.

No se dieron cuenta de que, como también les sucedió a las agencias de rating por no contar con una teoría del ciclo económico adecuada, el crecimiento que vivió California no se debía principalmente a factores reales, sino que estuvo sostenido sobre pies de barro: la política inflacionista de la Reserva Federal.

Así, ante una eventual crisis económica, las proyecciones que se realizaron para elaborar los presupuestos públicos no son más que papel mojado, al igual que ha sucedido en el caso español ante la total ausencia de previsión por parte del Gobierno. Los ingresos públicos se hunden ante el descenso de la actividad productiva, mientras que los gastos se disparan para pagar los subsidios al desempleo y otras medidas del Estado del Bienestar.

De este modo, los llamados "estabilizadores automáticos" pueden llevar a las economías a un déficit público desbocado que, como en el caso de California, ha provocado la bancarrota del estado.

A pesar de todo, la Administración Obama parece no entrometerse en el camino. El pasado mayo, el tesorero del estado de California, Bill Lockyer, pidió por carta al secretario del Tesoro de EEUU, Tim Geithner, que considerara ayudar a los estados con mayores problemas de liquidez.

Según informó The Washington Post, esta petición se realizó en base a la doctrina "demasiado grandes para caer" (too big to fail), que el Gobierno norteamericano ha utilizado para rescatar instituciones financieras. La respuesta de la Casa Blanca, sin embargo, fue concisa: el problema de California lo van a tener que resolver ellos mismos.

Mientras que el Gobierno federal se adentra en una senda de gasto desmedido con el objetivo de estimular la economía, los estados tienen que apretarse el cinturón para evitar descalabros presupuestarios como el de California.

Errores de cálculo en los presupuestos

Tal y como apunta un analista consultado por Business Week, las economías estatales y locales están actuando pro-cíclicamente (subiendo impuestos y recortando el gasto), por estricta necesidad para evitar la quiebra, mientras que el Gobierno federal sigue inyectando dinero público en el mercado para estimular la demanda -el déficit público del país supera ya el billón de dólares-. Esta divergencia se debe a la capacidad de financiación mucho mayor que posee el Gobierno federal, y la inestimable colaboración de la Reserva Federal al monetizar la deuda pública.

En un reciente artículo, la prestigiosa revista Time se pregunta qué estados corren mayor peligro de seguir la misma suerte que California. Y es que, la inmensa mayoría de los estados han tenido que tomar medidas dolorosas para poder aprobar los nuevos presupuestos, resumidas en subidas de impuestos y recorte de servicios públicos.

En este sentido, Business Week se hace eco de un estudio según el cual 47 de los 50 estados se enfrentan a agujeros presupuestarios. Por su parte, Minyanville, web de EEUU especializada en información económica, eleva a 49 los estados que podrán corre la misma suerte que California.

Más impuestos

Así por ejemplo, Vermont está cerrando paradas de descanso en las autopistas; en el estado de Washington 40.000 personas perderán el subsidio sobre el seguro sanitario y se prevé que la matrícula de la universidad pública aumenten en un 14%; y en Nueva Jersey suben los impuestos a las rentas altas, a los fumadores y a los consumidores de vino y licores. En Alaska y Nevada se estima que necesitarán gastar un 30% más de lo que los oficiales del estado prevén recaudar en impuestos.

En otros estados, la excesiva dependencia de sus ingresos públicos sobre los impuestos personales está agravando los problemas, dada la alta volatilidad de este tipo de tributos. Una de las economías más débiles, la del estado de Michigan, también ha pedido ayuda a la capital federal. Otra fuente de los problemas financieros de los estados, especialmente en casos como Massachusetts y Nueva Jersey, reside en la necesidad de financiación para seguir pagando las pensiones estatales.

La gravedad de estos descuadres presupuestarios en el futuro próximo dependerá del desempeño de la economía norteamericana y su habilidad para recuperarse pronto. ¿Seguirá aumentando el desempleo a altas tasas? ¿Dejarán de caer los ingresos impositivos para comenzar a repuntar?

Las expectativas sobre las que se basan los cálculos presupuestarios son un elemento clave. En el año fiscal que concluyó el pasado 30 de junio, los ingresos fueron menores de lo esperado en 38 de los 50 estados. En este punto, el excesivo optimismo y confianza en los brotes verdes puede ser una opción poco sensata y menos prudente. La articulista de Time concluye el artículo cruzando los dedos. No es para menos.

martes, 14 de julio de 2009

Aceptada la Querella Contra Manzano: las curiosas desapariciones durante la investigación del 11-M


El Juzgado de Instrucción nº 43 de Madrid ha aceptado a trámite la querella presentada por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M contra Sánchez Manzano y la perito químico de los Tedax. Según ha explicado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la juez ha citado a ambos el próximo día 10 de agosto, a las 9:30 horas, y ha señalado una ronda de declaraciones de testigos el próximo día 1 de septiembre, momento en el que comparecerán seis personas. El día 2 de septiembre deberán declarar los seis testigos restantes.

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó la pasada semana una querella criminal contra el que fuera comisario jefe de los Tedax durante los atentados del 11-M y la perito química de los Tedax como presuntos autores de los delitos de omisión del deber de perseguir delitos, encubrimiento por ocultación de pruebas y de falso testimonio.

E n una contudente querella, la asociación que preside Ángeles Domínguez señalaba que la actuación de Sánchez Manzano y de la jefa del laboratorio de los Tedax "entorpeció" la investigación de la matanza. Y es que, entre otras cosas, se les acusa de hacer desaparecer las pruebas que hubieran permitido saber qué explotó en los trenes, ya que la sentencia del 11-M sostuvo que “no se sabe con absoluta certeza la marca de dinamita que explotó en los trenes”.

Las mencionadas "desapariciones" atribuidas a los querellados son:

1. En general, han desaparecido las piedras del andén, así como los algodones con agua y acetona que —según el Inspector Jefe con carnet profesional 28296— se recogieron en todos los trenes.

2. Las muestras que se han conservado de la estación de Atocha son sorprendentemente exiguas para la magnitud de los hechos.

3. Han desaparecido todos los vestigios de uno de los focos de la calle Téllez.

4. Del foco nº 3 de Téllez han desaparecido todos los vestigios, a excepción de un mísero clavo.

5. Han desaparecido las muestras de arena, tierra, algodón, agua y acetona que un Oficial Tedax aseguró haber recogido en el tren de Téllez.

6. Han desaparecido las muestras de tierra que se tomaron del cráter de la explosión controlada de El Pozo, según aparece en la fotografía del folio 53835 del Tomo 145 del Sumario del 11-M.

7. Han desaparecido las muestras de telas, material aislante, y tierras que la perito 17632 aseguró haber recibido en su laboratorio y analizado el día 11 de marzo por la mañana.

Para las víctimas, los querellados “ocultaron a la Policía Científica los centenares de vestigios que los Tedax habían recogido en los focos de explosión, impidiendo un análisis científico de los mismos que habría favorecido el esclarecimiento de los hechos; escondieron la inmensa mayoría de los vestigios procedentes de los focos de explosión, entre ellos los más valiosos para la investigación (los que no fueron lavados con agua y acetona), impidiendo que los ocho peritos designados por el Tribunal los pudiesen analizar; hicieron desaparecer el extracto de agua y acetona en el que fueron lavados algunos vestigios; e incluso a día de hoy los querellados continúan ocultando esa inmensa mayoría de vestigios desaparecidos, cuyo paradero todavía se desconoce”.

El abogado de la asociación José María de Pablo explicó en La Mañana de la COPE, en una entrevista con Federico Jiménez Losantos, las razones que les llevaron a presentar su querella, una idea que surgió "desde el mismo juicio del 11-M, especialmente desde la declaración de Sánchez Manzano".

La Nueva Financiación,en Contra de Todos los Españoles.

El nuevo modelo de financiación autonómica aportará más de 11.000 millones de euros adicionales, 2.000 millones más con respecto a su última propuesta, de 9.000 millones.

Cataluña recibirá 3.855 millones de euros extra de forma progresiva hasta 2012, y su nivel de recursos per cápita quedará cinco puntos por encima de la media. De este modo, el Gobierno da cumplimiento a las exigencias de financiación planteadas por ERC.

Cataluña recibirá el 35% del nuevo pastel territorial
. Es decir, 1 de cada 3 euros nuevos a repartir serán gestionados por la Generalidad. Andalucía es la otra gran beneficiada en el nuevo reparto. Así, se llevará 1.795 millones del fondo adicional. De este modo, ambas autonomías concentran casi el 50,8% de los nuevos fondos.

El nuevo modelo ha intentado contentar las reivindicaciones planteadas por las distintas CCAA en el reparto de fondos, ya que los criterios de ponderación para distribuir el dinero son el aumento de la población, pero también la densidad demográfica o la insularidad.

Para ello, el Gobierno dotará a las autonomías de mayor corresponsabilidad fiscal. Así, la propuesta prevé ampliar el porcentaje cedido del IRPF del 30 al 50%; del IVA del 35 al 50%; y de los impuestos especiales del 40 al 58%.

Cuatro fondos de reparto

En base al principio de solidaridad interterritorial, el Ejecutivo establece cuatro fondos de reparto autonómico: el Fondo de Garantía, para costear la sanidad, la educación y los servicios básicos, en base a la población ajustada de cada región; el Fondo de Suficiencia, para asegurar la financiación de las competencias transferidas, no sólo las esenciales; un Fondo de Cooperación, para incrementar los recursos de las regiones con menor riqueza relativa y una dinámica poblacional "especialmente negativa" (Asturias, las dos Castillas y Extremadura); por último, el modelo diseña un Fondo de Competitividad, para reforzar la convergencia autonómica en financiación per cápita.

La clave radica en que el Gobierno decidirá cómo distribuir cada año el Fondo de Cooperación y de Competitividad. Éste último está destinado a las CCAA que más aportan al sistema (Fondo de Garantía) y menos reciben del de Suficiencia (las más ricas), mientras que el de Cooperación se distribuye entre las más pobres en renta.

Sin embargo, hay un elemento a destacar. El Fondo de Competitividad, que se nutre de recursos adicionales del Estado, se repartirá anualmente entre las autonomías con financiación per cápita inferior a la media o a su capacidad fiscal, en función de su población ajustada relativa. Eso sí, "desincentivando en lo posible la competencia fiscal a la baja", según recoge la propuesta. Es decir, castigará a las autonomías que recorten impuestos.

De este modo, la ministra de Economía, Elena Salgado, se pliega a una de las exigencias más reiteradas por el consejero de Economía de la Generalidad catalana, Antoni Castells. En 2007, Castells tildó de "efecto indeseado" la competencia autonómica en materia fiscal, en clara referencia a la supresión y rebaja de impuestos puesta en marcha por la Comunidad de Madrid.

Castells viene reclamando desde entonces que el Gobierno se instituya en "árbitro" tributario para lograr un "equilibrio entre el autonomismo" y la "coordinación" del Estado. Gracias al nuevo modelo, el Gobierno central podrá ahora limar a su gusto los efectos de la "dañina" competencia fiscal que genera la política económica de algunas regiones como Madrid.

Más dinero para política lingüística


Por otro lado, el nuevo modelo aumenta la financiación destinada a la política lingüística. Así, según el texto, "se refuerza la financiación de estas políticas con un importe equivalente a multiplicar por 2,5 la financiación que proporcionaría el actual sistema en el año 2009, por estas políticas, en aquellas comunidades con competencias en la materia".

Es decir, multiplica por más del doble los recursos destinados a política lingüística. De este modo, Salgado responde a otra de las reivindicaciones históricas de los nacionalistas catalanes y gallegos

Otras novedades son la derogación del céntimo sanitario implantado por algunas CCAA. Pero a cambio, al mismo tiempo, permite a las CCAA crear un "suplemento" en el Impuesto de Hidrocarburos

Por otro lado, además de ampliar la cesión de tributos, aumenta la capacidad normativa de las autonomías en el IRPF en cuanto al mínimo personal y familiar a aplicar. Así, con el nuevo modelo, las autonomías podrán añadir un suplemento del 10%, superior o inferior respecto a la cifra que marque el Estado. Prácticamente el 25% de los impuestos nacionales recaudados serán gestionados por las CCAA.

sábado, 11 de julio de 2009

A propósito de la financiación catalana.

Entre los muchos errores en política económica que está cometiendo el presidente del Gobierno, uno de los más serios puede ser su empeño en aprobar un nuevo sistema de financiación autonómica para tratar de contentar a los catalanes. Después de haber dado el visto bueno al Estatut, con esa cláusula por la cual el Estado tiene que destinar a Cataluña el mismo porcentaje de las inversiones públicas que representa el PIB catalán respecto del conjunto de la economía nacional, Zapatero quiso dar marcha atrás, presionado por los barones regionales de su partido y entonces se sacó de la manga un nuevo sistema de financiación autonómica. De esta forma, ZP se convirtió en prisionero de sus propias acciones y ahora no se atreve a incumplir nuevamente su palabra ante el temor de ruptura del PSC con el PSOE. De ahí que lo que Zapatero pretende poner sobre la mesa es un plan que ofrece un poco de dinero a casi todos para tratar de mitigar el hecho de que Cataluña, una de las regiones más ricas de España, se va a llevar la parte del león.

Basta este motivo para decir ‘no’ al nuevo sistema de financiación autonómica porque, con esa filosofía de fondo, rompe principios tan elementales y tan fundamentales para la cohesión de la Nación española como la solidaridad interterritorial. Conforme con él, aquellas regiones más pobres y atrasadas teóricamente son las que deben recibir más ayuda del Estado. Sin embargo, Zapatero va hacer justo lo contrario y va a dar más dinero a quien tiene más, lo cual es ilógico para un partido que se dice socialista y que pretende buscar la igualdad. Pues lo que va hacer es consagrar y ampliar las desigualdades entre regiones.

Cataluña tiene el gasto público por habitante más alto de toda España, un dinero que, en muchos casos, no se ha empleado precisamente en mejorar el bienestar de los ciudadanos a través, por ejemplo, de la ampliación y modernización de las infraestructuras públicas, como viene haciendo Madrid desde hace años con sus presupuestos. Por el contrario, los distintos Ejecutivos catalanes están dilapidando sus recursos en cosas tan absurdas como abrir embajadas por todo el mundo o comprar Spanair, una compañía aérea en quiebra, con tal de tener una aerolínea de bandera catalana, cueste lo que cueste porque de una u otra forma ya lo pagará el resto de España, cuando no a potenciar el clientelismo político. A ello se suma que la política de inmersión lingüística y los pasos hacia el separatismo que está dando el tripartito catalán están echando a las empresas de la región, con lo que Cataluña está recaudando menos impuestos de lo que esperaba y gastando mucho más de lo que se puede permitir. Lo lógico en estas circunstancias sería que la Generalitat se dejara de hacer tonterías y recortara sus gastos para poder equilibrar sus cuentas. Pero Montilla, Carod Rovira y demás no están por la labor y quieren más y más dinero para alimentar al insaciable Leviatán catalán, que nunca tiene bastante.

Como argumento para justificar su posición alegan que durante los años de Gobierno del PP se invirtió más en Madrid que en Cataluña, olvidando que mientras el Estado construía autopistas en territorio catalán y modernizaba Barcelona de cara a las Olimpiadas del 92 donde no invertía era en Madrid. De la misma forma olvidan que buena parte de la ampliación y modernización de la red de infraestructuras madrileña está financiándose con el presupuesto autonómico, no con fondos estatales. La Generalitat debería hacer lo mismo y, si no cuenta con recursos suficientes para ello, entonces que redefina sus prioridades de gasto, o que suba los impuestos a los catalanes o, simplemente, que entienda que no se puede tirar el y pretender, al mismo tiempo, disfrutar de infraestructuras mejores porque no hay recursos suficientes. Por ello también hay que decir ‘no’ al nuevo modelo de financiación autonómica.

Por último, hay un tercer elemento de suma importancia a tener en cuenta. Estamos inmersos en la que posiblemente es la crisis económica más grave de la historia moderna española, que está disparando el déficit presupuestario y la deuda pública, en parte por la propia crisis, en parte por la mala gestión de la misma que está llevando a cabo Zapatero. En estas circunstancias, hay que apretarse el cinturón. Sin embargo, las autonomías no están por la labor y dicen que lo haga el Estado. La salida de la crisis, empero, compete a todos los niveles de la Administración, autonomías incluidas. Por ello, ese dinero debería destinarse a reducir el déficit y la deuda, o a bajar impuestos, en lugar de transferirlo a unos Ejecutivos regionales insolidarios que van a malgastarlo, al tiempo que, con ello, van a impedir que desde el Estado puedan llevarse a cabo políticas de alcance nacional para combatir la crisis.

El nuevo modelo de financiación autonómica, en resumen, responde a las necesidades crecientes de la Generalitat de Cataluña de alimentar el Leviatán que ella misma ha ido creando a lo largo del tiempo. Sin embargo, ese es su problema y el resto de España no tiene por qué pagarlo.